UGT Canarias tilda de “disparate” el decreto que castiga a los desempleados que rechacen un empleo

UGT Canarias considera un “disparate” el nuevo decreto que castiga a los desempleados que rechacen un empleo, tal y como ha anunciado recientemente la consejera responsable del área de Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León. Desde la central sindical se recuerda que, rechazar sin causa justificada una colocación adecuada por parte del Servicio Canario de Empleo o de alguna de sus agencias colaboradoras, ya supone la pérdida temporal o definitiva de la prestación o el subsidio por desempleo, por lo que introducir una nueva normativa sancionadora solo contribuye a estigmatizar a las personas desempleadas.  

Para el vicesecretario general de Organización y Comunicación, Héctor Fajardo, se trata de una “maniobra de represión contra la clase trabajadora”. “No es que la gente no quiera trabajar es que las condiciones y ofertas que se hacen no se ajustan a la realidad económica y social y que vivimos. Viviendas cada vez más caras, la cesta de la compra por las nubes, horas de traslado que imposibilitan la conciliación familiar, son algunos de los aspectos que la patronal y el Gobierno no están teniendo en cuenta”, añade Fajardo.  

El sindicato advierte que actualmente el mercado laboral canario sigue siendo “precario” a pesar de las buenas cifras que se registran en cuanto a paro. Si bien es cierto que baja el paro, desde UGT Canarias se ha puesto el foco en numerosas ocasiones en mejorar la calidad de los contratos, reduciendo la alta temporalidad y aumentando los salarios, muy debajo de la media nacional. “La riqueza se sigue concentrando en manos de unos pocos y siguen siendo las personas trabajadoras las que sufren esto. No es que los canarios y canarias no quieran trabajar, los ciudadanos de esta tierra quieren un puesto de trabajo digno. Son cosas bien distintas”, afirma el vicesecretario general de Organización y Comunicación. 
 

La central considera que si lo que se pretende es reducir el empleo y garantizar la empleabilidad, la norma no debe ser coercitiva, como es el caso planteado. Las acciones deben pasar por la mejora de los servicios públicos, el refuerzo de la orientación laboral, formación dirigida al empleo y, en este caso, mejora de las condiciones y de los salarios.