La Iglesia católica en España vuelve a situarse en el ojo del huracán, no por persecución externa ni por prejuicio social, sino por su propia incapacidad de actuar con coherencia moral. El caso del obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza, acusado de abusos y aún en activo, ha dejado al descubierto una herida que la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Vaticano parecen empeñados en no cerrar: la de la inacción y el silencio.

No es la primera vez. Cada escándalo de abusos eclesiales viene acompañado del mismo patrón: declaraciones tibias, un comunicado genérico y la decisión de esperar “a que se aclare todo”, como si la prudencia fuera excusa para el inmovilismo. Pero en este caso, la omisión duele aún más. Porque lo mínimo que se esperaba una medida cautelar, una suspensión temporal, la aceptación inmediata de su renuncia por edad ni siquiera se consideró. La CEE ha optado por el mismo guion de siempre: proteger al prelado antes que a las víctimas.

Resulta especialmente indignante ver esta parsimonia institucional cuando son los mismos obispos quienes no dudan en alzar la voz contra los fieles. Desde los púlpitos se condena sin temblor a las mujeres que deciden abortar, se juzga a las personas LGTBI como amenaza para la “familia cristiana” y se señala a otras iglesias como desviaciones del camino verdadero. Ahí no hay “garantismo”, ni espera, ni prudencia pastoral. Solo autoridad, juicio y condena. Sin embargo, cuando el acusado es uno de los suyos, el silencio se vuelve súbitamente evangélico, la cautela se disfraza de misericordia y el escándalo se esconde bajo el manto de la discreción institucional.

Ayer mismo, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, estuvo en Las Palmas de Gran Canaria, inaugurando las XV jornadas de teología, en las que habló sobre la dignidad humana, recordando que “el ser humano es persona” y que toda vida debe ser respetada. Tenía, por tanto, una oportunidad perfecta para ser coherente con su propio mensaje, para pronunciar una palabra clara y firme sobre el caso del obispo Zornoza, para situar a las víctimas en el centro de la preocupación pastoral. Pero no lo hizo. Eligió el silencio. Y ese silencio, en este contexto, suena más a cálculo institucional que a prudencia evangélica.

La inacción ante el caso Zornoza no solo alimenta el escándalo: perpetúa la idea de que la jerarquía católica vive en una burbuja de impunidad y privilegio, un “techo de cristal” que protege a los de arriba sin importar el daño a los de abajo. Y mientras el Vaticano se demora en reaccionar, el descrédito crece, la fe se erosiona y la Iglesia se aleja cada vez más de esa sociedad a la que dice querer evangelizar.

El papa Francisco ha hablado de “tolerancia cero” con los abusos y del fin del clericalismo como cultura del poder. Pero en España, esas palabras se quedan en los papeles. Ni el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ni la Conferencia Episcopal han dado un paso visible que demuestre que la Iglesia está del lado de las víctimas y no de sus victimarios. Y eso no se corrige con comunicados, sino con decisiones.

El silencio, cuando se trata de proteger a los más vulnerables, no es prudencia: es complicidad. Y mientras los obispos españoles sigan mirando hacia otro lado, su autoridad moral seguirá desmoronándose. Porque ya no basta con predicar el Evangelio: hay que vivirlo, incluso y sobre todo cuando duele.

Pedro Lorenzo Rodríguez Reyes.