Han pasado seis meses desde que se aprobara el polémico decreto con el que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, dirigida por Candelaria Delgado, pretende agilizar las listas de espera en dependencia. Se trata de un procedimiento que llegaba con críticas tanto por los colegios profesionales de Trabajo Social como por trabajadores y trabajadoras de la propia Consejería y sindicatos, que alertaban de que se ponía en riesgo la atención a las personas más vulnerables. Pese a que desde el Ejecutivo presumen de él y es cierto que se ha producido un aumento de las personas usuarias incorporadas al sistema de atención a la dependencia, se ha producido un aumento de las personas reconocidas, pero sin la prestación efectiva, es decir, en el limbo de la dependencia. Es decir que a peor la mejoría.


























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