Son familias vulnerables que residen en viviendas sociales y pagan alquileres limitados en función de sus ingresos, pero abonan también el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) pese al cambio normativo que lo prohíbe desde 2019. A estas familias se les cobra lo que no se tiene que cobrar, y nadie asume responsabilidades.





























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