Carece de las “razones de extrema urgencia y necesidad” y su contenido es “totalmente ajeno” al resto de la norma. Así de tajante se ha mostrado el Consejo Consultivo de Canarias al referirse a la disposición final que ha colado el Gobierno regional en el decreto de dependencia para blindar el salario de los altos cargos sanitarios, una medida que impide a estos funcionarios cobrar retribuciones inferiores a las que venían percibiendo en sus anteriores trabajos. Un buen rapapolvo y bien dado, el del Consejo Consultivo, porque tonta no es la ciudadanía.





























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