No fueron uno, sino dos los contratos menores que el Ayuntamiento de Mogán adjudicó en la primavera de 2024 por un importe total superior a los 17 000 euros al despacho de abogados Montero Aramburu para que uno de sus consejeros, el magistrado emérito del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde, elaborara dictámenes jurídicos que pudieran ser utilizados por la defensa de la alcaldesa, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), en causas penales en las que figura como investigada.  Cuestionable es y mucho, este tipo encargos pagados con dinero público.