Profesores canarios “exiliados” denuncian el veto a su regreso

Una veintena de funcionarios de carrera de los conservatorios superiores y profesionales que trabajan hoy en la Península llevan años topándose con una barrera invisible: la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no convoca ni resuelve con transparencia las comisiones de servicio que les permitirían ocupar las vacantes que existen en los centros de Música y Artes Escénicas de Canarias.

El bloqueo, aseguran, contradice el Estatuto Básico del Empleado Público y la propia normativa autonómica mientras rompe proyectos familiares y deja plazas sin cubrir. Los afectados, canarios o con residencia en Canarias, pertenecen a los cuerpos de Catedráticos o Profesores de Música y Artes Escénicas en las especialidades de saxofón, violín, piano, repertorio con piano para instrumentos, composición, tuba, guitarra y lenguaje musical.

Estos docentes se vieron obligados a presentarse a un proceso de oposiciones o concurso de estabilización en Península porque la Consejería lleva más de 35 años sin convocar oposiciones para los conservatorios de Canarias, una situación excepcional que no experimenta ninguna otra comunidad autónoma. Los docentes, una vez obtenida la plaza de funcionario, se enfrentan ahora a otra dura batalla, la de volver a casa.

Hace años que la Consejería ha cerrado la ventanilla para las comisiones de servicio en los conservatorios, una vía de movilidad entre comunidades autónomas que la ley reconoce a los funcionarios de carrera (art. 84 EBEP) y que la Orden autonómica de 10 de mayo de 2010 detalla con baremos y plazos para los cuerpos de maestros y profesores de secundaria pero que, de forma incomprensible, excluye a los profesores de conservatorios, lo cual supone una discriminación entre cuerpos docentes, según el Art. 55 del EBEP.

“Y lo mismo ocurre con el concurso nacional de traslados, que en los últimos 10 años tan solo se han sacado 5 plazas en todas las especialidades, cuando es evidente que existen muchas más”, expone Irene Domingo, profesora con plaza en Extremadura.

En su lugar, denuncian los afectados, la Consejería de Educación mantiene un “pacto de estabilidad tácito con los interinos”, un acuerdo bajo la mesa y sin ningún tipo de comunicación pública: no se autoriza ningún traslado si implica desplazar a personal temporal, por muy prolongada que sea la vacante. “El resultado es que hay plazas libres en el Conservatorio Superior de Música de Canarias y en los profesionales de ambas provincias, pero no podemos optar a ellas”, explica un portavoz del colectivo, David Muñoz. Además, esta política de la Consejería contraviene la jurisprudencia de los tribunales Superiores, tanto de España como de Europa, respecto al abuso de temporalidad cuando, “aprobar las comisiones ayudaría a solucionar ese problema” argumenta Muñoz.

Vacantes sí, comisiones no

El resultado es que en la adjudicación de vacantes para conservatorios del curso 2025/26, tan solo se han aceptado dos comisiones en especialidades y solamente porque no había personal en la lista de interinos. Tanto las nuevas solicitudes como las que debían ser renovadas han sido denegadas, cubriendo dichas plazas por personal interino que, en algunos casos, poseen pocos meses de experiencia docente y, por supuesto, sin superar ningún proceso selectivo.

Los denunciantes de esta situación informan que las pocas comisiones autorizadas en años anteriores han sido “a discreción” y sin motivación ni publicación de listas provisionales ni definitivas, contraviniendo la Orden de 16 de marzo de 2012 que regula la cobertura provisional de vacantes mediante comisiones de servicios del profesorado no universitario, que reformó la anterior legislación al respecto para dotarlo de publicidad y objetividad.

Impacto humano

El vacío reglamentario tiene rostro: familias con hijos de corta edad separadas, hijos con diversidad funcional sin sus progenitores, cuidadores a distancia. Algunos profesores aseguran haber desistido de ampliar la unidad familiar, otros viajan cada fin de semana gastando una parte importante del sueldo en billetes de avión. Su portavoz clama que “no pedimos un privilegio, solo que se cumpla la ley y se abra el mismo procedimiento que existe para maestros y profesores de Secundaria”.

Una funcionaria, profesora de lenguaje musical en el Conservatorio de Gran Canaria, ha visto truncada su estabilidad familiar y profesional por una decisión administrativa difícil de entender. Durante el curso 2024/25 se le concedió una comisión de servicio por razones humanitarias: la reunificación familiar y el cuidado de un familiar con movilidad reducida. Tras un año cumpliendo con su labor docente, solicitó la prórroga de esa comisión para el curso 2025/26, un trámite que en otros cuerpos docentes se concede de forma casi automática. Sin embargo, su petición fue denegada sin explicación clara, a pesar de que sus circunstancias personales no han variado. La decisión la obliga ahora a separarse de su familia y abandonar su puesto en Gran Canaria para regresar a la Península, un desenlace que ha generado desconcierto e indignación entre sus compañeros.

También delicada se ha vuelvo la situación de una profesora de violín en Tenerife que, el curso pasado obtuvo comisión por cuidado de un hijo menor y ahora debe volver a Cantabria y verse abocada a criar en la distancia.

Lo mismo ha ocurrido con una profesora de piano que ha visto rechazada la renovación de su comisión, llevaba dos años en el conservatorio de Las Palmas, aún cuando su situación es la de una madre un niño de año y medio y un bebé de 8 meses en periodo de lactancia no acumulada hasta que el menor cumpla un año y, a pasar de todo ello, no se le renueva la comisión.

Por último, un profesor de tuba, que tiene su plaza en Castilla y León, ha sido padre hace tres meses y ahora se enfrenta a una difícil decisión de ver a su hijo, recién nacido, los fines de semana, ya que su pareja, también funcionaria, no tiene la opción de trasladar su puesto de trabajo a dicha comunidad debido a que las convocatorias para esos procedimientos se cerraron meses atrás.

Qué exigen:

1. Convocatoria anual y pública de comisiones para los cuerpos de Música y Artes Escénicas, con el mismo formato que el resto de docentes, lo cual acabaría con la discriminación entre cuerpos.

2. Respeto estricto al Estatuto Básico del Empleado Público —movilidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad— y a la aplicación de la normativa autonómica sobre este aspecto.

3. Renovación automática de las comisiones ya concedidas mientras persistan las circunstancias familiares o de salud que las motivaron.

4. Publicación motivada de cada concesión o denegación, con listados provisionales y definitivos para garantizar el derecho a recurso.

5. Publicación de todas las plazas orgánicas de los conservatorios para su posterior publicación en los concursos nacionales de traslados, ya que denuncian manipulación de las mismas para beneficiar a los interinos y evitar que funcionarios de carrera, con su oposición aprobada, puedan acceder a ellas.

Próximos pasos

El colectivo prepara un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por vulneración de derechos fundamentales y ha solicitado la mediación del Diputado del Común y del Comisionado de Transparencia. En las próximas semanas/meses se anunciarán las fechas de presentación de denuncias.

“La música es universal, pero nuestros puestos parecen tener frontera: la que levanta la Consejería”, resume un pianista Irene Domingo, a quien no le han renovado una comisión de servicios, aun estando de permiso por maternidad y ahora se enfrenta a la difícil decisión de volver a Extremadura.

Los profesores confían en que la partitura legal se respete y que en el curso 2025/26, por fin, estén en igualdad de condiciones y puedan afinar su talento en casa.