La historia de la vivienda social en España se inicia a principios de los años 20 del pasado siglo con las leyes de “casas baratas”. A partir de los años 50, debido a la devastación provocada durante la guerra civil y a los altos niveles de pobreza social en la posguerra, durante la dictadura franquista se construyó vivienda social masivamente. Pero, siguiendo el lema de “queremos un país de propietarios, no de proletarios”, el acceso a las mismas fue en propiedad, vía hipotecas a muy largo plazo, lo que con posterioridad llevó a la privatización de ese inmenso parque público, lo que provocó un gran problema de acceso a las generaciones posteriores.

 

Llevada a cabo la Transición Democrática, durante la “década prodigiosa socialista”, tras desmontar el boyante banco público del sector, se continuó ahondando en esa dinámica de desprotección social al limitarse las políticas, mayoritariamente, a regular las hipotecas y dejando, más y más, al mercado la creación de viviendas. Y con la posterior Ley del Suelo del gobierno “Popular”, que determinaba que todo el suelo, que no estuviera protegido, era edificable, el modelo especulativo llegó al paroxismo.

 

Y después de una década de fuerte especulación con el ladrillo en España, con el estallido de la burbuja en 2007 y el colapso financiero internacional en 2008, mientras el país se sumía en una profunda recesión, se abrió la puerta a los grandes inversores institucionales para facilitar la colocación del ingente volumen de activos inmobiliarios problemáticos ejecutados por las entidades bancarias y sanear sus balances.

 

A través de la creación de la Sareb, el "banco malo", que ha sido uno de los principales vendedores de grandes carteras de inmuebles y préstamos a los fondos de inversión. Y de las ventas directas de los bancos, que crearon gigantescas carteras para venderlas con importantes descuentos a esos fondos, denominados “buitre” por su afán de obtener, sin importar las consecuencias, grandes rentabilidades a corto plazo.

 

Con todo, en la actualidad, de un parque nacional de en torno a veintisiete millones de viviendas, la ciudadanía continúa poseyendo en torno al 90% del total. Fundamentalmente, personas en la tercera edad o sus herederos. Aunque la mayoría de estos propietarios (más del 70%) tienen solo una o dos propiedades, en conjunto, muchos son rentistas. Los grandes tenedores poseen en torno a un millón de viviendas, el 8% del total del mercado de alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, por lo que, a pesar de ser minoritarios, tienen un impacto enorme para fijar los precios y no solo a los cuatro millones de familias que dependen de ellos. Estas empresas, además, según estimaciones compran alrededor del 12% de las viviendas que se venden anualmente.

 

Por todo ello, la ausencia de un parque público robusto en España no tiene ningún misterio: es, a causa de una inversión pública crónicamente insuficiente, el resultado de la escasez de vivienda social de alquiler y de dejar el sector inmobiliario en manos del mercado más especulativo. Las cifras son esclarecedoras. España, con un parque de vivienda social que apenas representa entre el 1,5% y el 2,5% del total de viviendas principales, se encuentra a la cola de Europa, muy lejos de la media europea que se sitúa en torno al 9,3%.

 

En Austria, Viena es un referente mundial, pues casi el 60% de sus habitantes viven en viviendas de alquiler de acceso universal, gestionadas y reguladas por el ayuntamiento o por cooperativas sin ánimo de lucro subvencionadas. Los Países Bajos tienen uno de los parques de vivienda social en alquiler más grandes de Europa (alrededor del 32% del total), gestionado principalmente por organizaciones sin ánimo de lucro. Alemania se caracteriza por el apoyo al alquiler social y la regulación del mercado. Dinamarca y Suecia tienen una larga tradición de viviendas cooperativas y colaborativas con enfoque comunitario.

 

Consecuentemente, en distintos países de Europa hay auténticas políticas democráticas de vivienda. En España, no. Porque no se apuesta decididamente por la vivienda pública y social a gran escala, porque no hay una regulación efectiva del mercado del alquiler ni apoyos suficientes a los colectivos vulnerables. Así están las cosas.