La crisis habitacional: de aquellos polvos, estos lodo

Las acciones vinculadas a la burbuja del ladrillo en España a principios de siglo y, tras el hundimiento del sector financiero occidental, las políticas neoliberales “de austeridad” posteriores, han contribuido, en gran medida, al extraordinario crecimiento de los precios en las viviendas de alquiler y a la clamorosa falta de viviendas sociales que se padece en presente.

 

Porque, aunque antes del inicio del largo ciclo especulativo de auge de los precios de los inmuebles (1997-2007) el negocio financiero se centraba en la concesión de crédito y, prácticamente, no había parque inmobiliario bancario, el colapso inmobiliario provocó una oleada masiva de impagos de hipotecas a particulares y de créditos a promotoras y al proceder la banca a ejecutar los propios inmuebles -las garantías de esos préstamos- se convirtió “de la noche a la mañana”en la mayor inmobiliaria de España. Este sector, con CaixaBank a la cabeza, ha llegado a acumular, aunque miles de ellos devaluados y de difícil venta, cerca de 100.000 millones de euros en activos inmobiliarios. Y, con estos recursos está multiplicando los ingresos.

 

Y eso que durante la década dorada de la burbuja las grandes empresas del ladrillo y las entidades financieras registraron beneficios récord. Las macro constructoras, además de lucrarse con los derivados de contar con una demanda insaciable, también se enriquecieron con la revalorización especulativa del suelo urbanizable. Así mismo, la banca, a menudo con tasaciones infladas y sin un análisis de riesgo riguroso, con la concesión masiva de hipotecas generó enormes beneficios que llegaron a representar cerca del 60% del total del crédito de la economía española. Ingentes cantidades de dinero a beneficio exclusivo del gran accionariado y los altos directivos de las entidades respectivas.

 

Pasada la fase de privatización de enormes beneficios, la socialización de las inmensas pérdidas consiguientes recayó, sobremanera, en las familias y pequeñas y medianas empresas, pues les tocó asumir la práctica totalidad de los quebrantos. Y en el Estado, ya que en esta fase, de las casi 400.000 viviendas vacías que existían, como el 80% las poseían las entidades financieras y muchas de ellas estaban en situación invendible, el gobierno nacional, con el objetivo de sanear los balances de la banca impulsó la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (la Sareb) – conocida, popularmente, como el banco malo- para cargar con un volumen de activos“tóxicos”valorado en más de 50.000 millones de euros.

 

Del otro lado, muchas familias vieron cómo los ahorros de toda una vida se evaporaron al haberlos invertido en unas viviendas que con el derrumbe inmobiliario se devaluaron en más de un 40% (Como dijo el exministro de Economía y expresidente de Bankia Rodrigo Rato “Es el mercado, amigo”). Y cientos de miles de ellas fueron desahuciadas, sin contemplaciones, al no poder hacer frente a sus hipotecas. Además, al no permitir la legislación hipotecaria española la dación de los inmuebles en pago, tras perder las viviendas, debieron seguir afrontando unas deudas con los bancos, considerables y a interés variable.

 

La crisis inmobiliaria también abocó al cierre, solo en 2008, a unas 42.000 empresas en España, principalmente, pymes del sector de la construcción y de actividades auxiliares vinculadas.

 

Consecuentemente, la destrucción de empleo en el sector de la construcción llegó a superar el 26% de del paro sobrevenido en la población activa. Al aumentar el desempleo drásticamente, las familias trabajadoras no pudieron hacer frente al pago de sus hipotecas. Y, como es sabido, las consecuencias fueron devastadoras: según estudios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde 2008 se han producido más de un millón de desahucios en España.

 

En un paisaje aun salpicado de urbanizaciones fantasma y esqueletos de edificios sin terminar, el reparto asimétrico de ganancias y pérdidas que, como resultado de las políticas neoliberales aplicadas a rajatabla en España, se llevó a cabo provocó una profunda cicatriz en el tejido social del país que perdura y por la que los ricos son aún más ricos, los pobres, más pobres y el estado está endeudado como nunca.

 

Y, hasta hoy, la construcción de viviendas sociales ha sido nimia. Entre otros motivos porque, a pesar de que el accionariado de la Sareb es mayoritariamente público, el acceso por parte de las administraciones públicas al enorme parque de viviendas que gestiona para destinarlas a políticas de vivienda social ha sido y sigue siendo un proceso complejo y no exento de dificultades ¿Por qué será?