Francisco D’Agostino Casado, empresario hispanovenezolano radicado en España y con una trayectoria en el sector de las inversiones internacionales, ha logrado que la justicia española decrete el embargo de todos los bienes de Manuel March Cencillo, nieto del fundador de Banca March, Juan March Ordinas. La decisión judicial se produjo tras el reiterado incumplimiento de March de una sentencia que lo obligaba a devolver una importante suma de dinero derivada de un contrato de compraventa incumplido.

En el verano de 2021, March acordó la venta de la finca Son Galcerán, una propiedad emblemática ubicada en Valldemossa (Mallorca), a una sociedad vinculada a D’Agostino Casado por un valor de 8 millones de euros. Como parte del acuerdo, recibió un pago anticipado de 2,4 millones de euros. Sin embargo, la operación fue cancelada de manera unilateral por March, quien posteriormente vendió la finca a un tercero por 12 millones, sin reintegrar la cantidad previamente cobrada.

El 4 de abril de 2024, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid falló a favor de la parte demandante, ordenando a March la devolución de los 2,4 millones de euros, así como una indemnización adicional de 300.000 euros por daños y perjuicios pactada en el contrato. La sentencia fue declarada firme y no recurrible. Dado que el condenado no cumplió con lo estipulado, el juzgado emitió el 11 de junio de 2025 un decreto para embargar la totalidad de sus bienes, incluyendo cuentas bancarias, participaciones empresariales e inmuebles. Con intereses y costas judiciales, la deuda asciende ya a 3,5 millones de euros.

La finca Son Galcerán tiene una larga historia vinculada a la nobleza europea, habiendo sido propiedad del archiduque Luis Salvador de Austria y lugar de estancia de la emperatriz Sissí durante sus visitas a Mallorca. La jueza que llevó el caso señaló que no había justificación válida para la cancelación del contrato inicial, y que el cambio de comprador respondía exclusivamente a un interés económico del vendedor.

Además de su actividad empresarial, Francisco D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, descendiente directo de la familia real española, lo que ha generado interés mediático en torno al caso. Sin embargo, su vinculación familiar no ha tenido implicaciones legales en el proceso judicial.

Cabe mencionar que a principios de 2025, D’Agostino fue excluido de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, luego de que se comprobara que sus empresas no tenían ninguna relación con el gobierno de Nicolás Maduro.