Política Local

El grupo de Gobierno en Agaete se escuda en la protección de datos para no informar sobre los conflictos en la Policía Local

La oposición votó en contra de abordar el asunto a puerta cerrada

Redacción 4 Lunes, 07 de Julio de 2025 Tiempo de lectura:
Ayuntamiento de AgaeteAyuntamiento de Agaete

El Ayuntamiento de Agaete celebró este lunes el pleno extraordinario solicitado por el BNR, en el que entre otros asuntos, se abordaba la exposición detallada de los diferentes procedimientos, conflictos e incidencias que afectan actualmente a la Policía Local.

 

Primeramente, desde la presidencia del pleno, se solicitó en base a un informe del Delegado de Protección de Datos, que este punto se tratara a puerta cerrada, pero al votar la oposición en contra, el pleno siguió a puertas abiertas.

 

El portavoz del BNR, Jesús González, formuló a la alcaldesa, María del Carmen Rosario, una batería de preguntas, entre ellas si se había reunido con el agente que denunció acoso laboral, si se habían abiertos expedientes informativos, si se había activado el protocolo por acoso, o si el Ayuntamiento se había personado en la causa abierta por sustracción de material municipal, entre otras cuestiones.

 

En respuesta, el portavoz del PP, Sebastián Suárez, se limitó a leer el informe del Delegado de protección de datos, y aunque el portavoz del BNR siguió insistiendo en sus preguntas, la alcaldesa se limitó a señalar que era un asunto judicializado y muy delicado.

 

Por otro lado, el grupo de Gobierno y la edil no adscrita, Candelaria Mendoza, votaron en contra de la propuesta del BNR sobre la finalización de la segunda fase de la Lista de Puestos de Trabajo (RPT) con procedimientos de promoción interna, y adopción de medidas para garantizar su ejecución, por lo que la misma fue rechazada.

 

Además, en el pleno extraordinario se abordaron los procedimientos judiciales con la empresa Jusan, siendo informado el pleno de que se está a la espera de la resolución de la apelación presentada por el Consistorio para no tener que indemnizar a la citada empresa con más de 400 000 euros por el incumplimiento del convenio urbanístico suscrito en el año 2016.

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