Hay proyectos que afectan el aire, otros el agua o el suelo. Pero también hay aquellos que dañan la confianza, la convivencia y la dignidad de los barrios.

Eso es precisamente lo que está sucediendo con la planta de biogás que el Grupo Félix Santiago Melián, a través de su empresa Conagrican S.L., planea instalar justo a las puertas del barrio de La Atalaya, en el municipio de Santa María de Guía. Esta planta industrial se encargará de procesar más de 19.000 toneladas anuales de residuos agropecuarios, principalmente estiércol, y estará ubicada a pocos metros de viviendas, colegios, una escuela infantil y una residencia de mayores, entre otros. Aunque se presenta como "verde", en realidad ignora los principios más básicos de respeto hacia la ciudadanía y la ética empresarial.

La sostenibilidad sin la participación de las personas no es realmente sostenible.

El Grupo FSM se presenta como una empresa comprometida. En su sitio web, se enorgullece de aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Habla de la Agenda 2030, la economía circular y un desarrollo que respeta el medio ambiente. Un verdadero repertorio de grandes palabras y nobles compromisos. Pero, al final del día, la verdadera prueba de la coherencia de una empresa no está en su página web, sino en las decisiones que toma. Y este proyecto, tal como está planteado, contradice por completo esos valores. Porque no es suficiente con generar energía "renovable". Es fundamental hacerlo respetando el entorno urbano, consultando a los vecinos, evitando riesgos innecesarios y, sobre todo, escuchando antes de imponer.

¿Y si esto sucediera justo enfrente de su casa?

La pregunta es sencilla: ¿aceptaría algún miembro del Grupo FSM que una planta que recibe toneladas de estiércol a diario, que genera olores, ruido y gases, se instalara frente a su hogar? ¿Estaría de acuerdo en que sus hijos estudiaran a menos de 500 metros de esa instalación? ¿O que sus mayores vivieran en una residencia a pocos pasos de una planta de biogás?

Eso es precisamente lo que se está imponiendo a La Atalaya, un barrio modesto, habitado por personas trabajadoras que históricamente han sido olvidadas por las administraciones. Es un lugar tranquilo, donde viven niños, ancianos y familias que han construido su vida allí con esfuerzo.

Y ahora, sin un atisbo de ética ni de diálogo, una empresa quiere cambiar para siempre la calidad de vida de toda una comunidad.

El principio de precaución: cuando la incertidumbre debería ser suficiente para detenerse.

Aquellos de nosotros que defendemos el derecho a un entorno saludable no estamos en contra del biogás, ni de la valorización de residuos, ni de las energías renovables. Nos oponemos a su mala ubicación. Nos oponemos a que se nos imponga un riesgo que podría evitarse fácilmente si la planta se trasladara a un terreno industrial.

El principio de precaución, reconocido tanto en la legislación ambiental como en la sanitaria, dice algo muy claro: si hay una duda razonable sobre los efectos de una actividad, esta no debería permitirse hasta que se demuestre que es segura.

¿Acaso no hay dudas aquí?

• ¿Nadie considera preocupante que los gases generados incluyan sustancias como el hidrógeno sulfurado, conocido por su olor a huevo podrido y su toxicidad en altas concentraciones?

• ¿Nadie ve el problema del aumento del tráfico pesado en una zona con colegios y pasos de peatones?

• ¿Nadie cree que pueda haber un riesgo social o sanitario, más allá del puramente técnico?

Cuando una empresa decide callar ante la comunidad, está mostrando su desprecio.

Lo más preocupante no es solo la instalación en sí, sino ese silencio calculado. La falta de un diálogo auténtico. La forma en que se ha manejado el proyecto, a espaldas de la ciudadanía, cumpliendo con lo mínimo legal y mostrando un desprecio absoluto por el entorno humano. Desde la Plataforma hemos pedido información, reuniones, y explicaciones a las administraciones. Hasta ahora, no hemos recibido ni una sola palabra del Grupo FSM. Ni una. Eso también es una forma de contaminación. Una empresa que se jacta de ser responsable no puede simplemente ignorar a la comunidad que está afectando. El silencio de las instituciones también duele. Y no solo es la empresa; nos duele la inacción de muchas instituciones que han optado por mantenerse al margen, eligiendo el silencio cómodo y una equidistancia vacía.

Pero no nos vamos a rendir. Estamos hablando de derechos fundamentales. Del derecho a la salud. Del derecho a vivir sin miedo ni molestias impuestas. Del derecho a ser tratados con la misma dignidad que cualquier otro barrio. El valor de una decisión ética es crucial. El Grupo FSM aún tiene la oportunidad de actuar con coherencia. Aún puede decir: “No lo haremos aquí. Buscaremos un lugar que no ponga en riesgo la vida de toda una comunidad.” Eso sería un verdadero gesto de responsabilidad. Eso sería ser sostenible, más allá de las palabras vacías del marketing. Y si no lo hacen, nosotros lo haremos. Seguiremos informando. Seguiremos movilizando. Seguiremos llamando a cada rincón de la sociedad canaria para que se entere de lo que está sucediendo.

Juan Cosme Vega Reyes

Presidente de la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya