De nuevo, la dependencia en Canarias

En estos días, afrontaba la lectura del XXV Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una organización que agrupa a profesionales responsables de la gestión de los servicios sociales con el fin de promover la mejora continua de la atención a personas en situación de dependencia, además de impulsar la investigación y el análisis riguroso sobre las necesidades y retos del sector.

Habitualmente, el debate público sobre la dependencia en Canarias se centra en cuestiones como las listas de espera para obtener el reconocimiento del grado de dependencia o la elaboración de los Programas Individuales de Atención (PIA); cuestiones que, sin duda, son problemas graves que merecen toda la atención.

Sin embargo, en este artículo queremos profundizar en otro aspecto menos debatido pero igualmente crucial: el modelo de atención que se ofrece a las personas dependientes una vez han pasado por el largo periplo de acceso al sistema. Un modelo que, en Canarias, sigue centrado en las prestaciones económicas, dejando de lado los servicios que permiten a las personas mantener su vida en el hogar y su participación en la comunidad.

El resumen es sencillo y al mismo tiempo desolador. El sistema de atención a la dependencia en Canarias se encuentra en una situación crítica, reflejo de las deficiencias estructurales de nuestro modelo de bienestar social. Especialmente preocupante es la mínima financiación destinada a la atención domiciliaria y a la asistencia personal, dos servicios clave para que las personas dependientes puedan seguir viviendo en sus propios hogares, manteniendo sus vínculos sociales y familiares.

Mientras en otras comunidades autónomas se avanza hacia modelos de atención más inclusivos, en Canarias el Gobierno autonómico sigue apostando principalmente por prestaciones económicas como respuesta predominante, olvidando que los servicios directos son esenciales para garantizar la autonomía y calidad de vida de las personas dependientes.

Para contextualizar mejor, conviene detenernos y aclarar dos conceptos fundamentales:

Asistencia personal: servicio de apoyo individualizado que permite a las personas dependientes realizar actividades diarias —como vestirse, comer, desplazarse o participar en la comunidad— manteniendo su autonomía personal. Para quienes necesiten una imagen concreta, basta recordar la película “Intocable”, eso es un asistente personal.

Atención domiciliaria: prestación de cuidados físicos, emocionales y de apoyo a personas dependientes directamente en su hogar, favoreciendo su permanencia en el entorno familiar y social.

La tendencia nacional e internacional. Hacia la desinstitucionalización

A nivel global, el modelo de atención a la dependencia está evolucionando. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y documentos como la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2021 - 2030 abogan claramente por la desinstitucionalización, es decir, reducir la dependencia de residencias y apostar por servicios comunitarios de atención domiciliaria y asistencia personal.

En España, el propio IMSERSO señala en sus informes anuales que los servicios de proximidad son prioritarios para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y optimizar los recursos públicos (IMSERSO, Informe 2022 sobre Atención a la Dependencia).

Este cambio de paradigma responde a evidencia científica sólida: las personas que reciben atención en sus hogares mantienen mejor su salud física y emocional, reducen sus niveles de soledad no deseada y muestran mayores niveles de satisfacción vital.

El desafío en Canarias: insuficiencia estructural de los servicios fundamentales

Canarias, sin embargo, camina en dirección contraria. El modelo actual, impulsado por el Gobierno de Canarias, mantiene un enfoque desproporcionado en prestaciones económicas en lugar de desplegar una red suficiente de servicios personalizados de atención.

Aunque las prestaciones económicas pueden ser útiles en determinados casos, es necesario recordar lo que establece la propia Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: "la prestación económica tendrá carácter excepcional y únicamente se reconocerá cuando no sea posible el acceso a un servicio adecuado", lo que deja claro que las prestaciones económicas no deben ser la opción preferente, sino el último recurso cuando no existan servicios adecuados, algo que el Gobierno de Canarias está ignorando sistemáticamente.

Sin embargo, según el XXV Observatorio de la Dependencia, apenas un 15 % del gasto en dependencia en Canarias se destina a estos servicios, frente al 27 % de media nacional (Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 2024). Mientras que las prestaciones económicas —PEVS y PECEF— comprenden alrededor del 48,45 % de la cartera de servicios en Canarias. Este enfoque contrasta con la media nacional, donde las prestaciones económicas representan aproximadamente el 10,48 % de la cartera de servicios.

Por otro lado, en Canarias existen 4,1 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, ligeramente por debajo de la media nacional de 4,5 plazas (IMSERSO, "Servicios Sociales dirigidos a Personas Mayores, 2022"). Por lo que la verdadera crisis radica no tanto en la disponibilidad de plazas residenciales como en la escasez de servicios que permitan a las personas dependientes vivir en sus hogares.

Impacto social y económico de este modelo fallido

El modelo actual genera consecuencias profundas:

Carga sobre las familias: la ausencia de servicios públicos suficientes traslada la responsabilidad de cuidado a las familias, especialmente a las mujeres, perpetuando desigualdades de género. Las prestaciones económicas son como sacar la chequera y decirle a la familia que se busque la vida para encontrar quien le pueda dar el servicio a su familiar dependiente, en lugar de ofrecer servicios que serían auditados periódicamente para garantizar la calidad.

Costes a largo plazo: según el IMSERSO, cada euro invertido en atención domiciliaria ahorra entre 1,5 y 2 euros en costes sociosanitarios (IMSERSO, Informe sobre Buenas Prácticas, 2022).

Inequidad territorial: esta falta de servicios agudiza la brecha entre los distintos territorios insulares y peninsulares, dejando a Canarias aún más rezagada en la protección social.

Propuestas de mejora. Hacia un sistema digno y eficiente

En Drago Canarias estamos por la labor de revertir esta situación y equiparar a Canarias con cualquier otro territorio estatal, por lo que las propuestas de medidas a impulsar irían en la siguiente línea:

Reorientar la financiación: aumentar de forma decidida el porcentaje del presupuesto destinado a la atención domiciliaria y la asistencia personal, con un objetivo mínimo del 27 % en los próximos tres años.

Plan de impulso de los servicios de proximidad: implementar una estrategia específica para desplegar servicios de atención domiciliaria y asistencia personal en todo el territorio, priorizando las zonas rurales y las islas no capitalinas.

Mejora de la formación profesional: impulsar programas de formación específica para asistentes personales y personal de atención domiciliaria, garantizando calidad y especialización.

Priorizar la calidad: la premisa principal en la prestación de estos servicios será la calidad, por lo que la prestación siempre estará condicionada al cumplimiento de estrictos criterios de calidad pública, supervisión y evaluación continua.

Política decidida de desinstitucionalización: avanzar progresivamente hacia la reducción del número de plazas residenciales y reforzar las alternativas comunitarias, en línea con las recomendaciones de la Estrategia Europea de Discapacidad.

Rediseño del modelo económico de dependencia: reorientar las prestaciones económicas hacia una lógica complementaria y subsidiaria, asegurando que el acceso prioritario sea a los servicios profesionales de apoyo.

Conclusión

El modelo de atención a la dependencia en Canarias necesita una reforma profunda y valiente. No podemos seguir apostando por modelos que perpetúan la exclusión y la dependencia pasiva.

La tendencia nacional e internacional es inequívoca: más comunidad, más hogar, más autonomía. El Gobierno de Canarias debe rectificar y situar a las personas dependientes en el centro de sus políticas, garantizando su derecho a vivir dignamente en su entorno.

Cada día que pasa sin actuar es un día más robado a quienes más nos necesitan.

Y no hay excusa que justifique esta negligencia.

Cosme Vega, responsable de Política y Estrategia de Drago Gran Canaria