La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dejado sin efecto la medida cautelar que permitió el desahucio de cien personas que vivían en un residencial inacabado de Lanzarote. La orden judicial se ejecutó sin “ni siquiera estar identificados” los afectados del desalojo, que dejó en la calle a cien personas, entre ellas 24 menores, mujeres embarazadas y un paciente oncológico. Se deja sin efecto la orden, pero las familias siguen en la calle.

























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