Financiación autonómica y delegación de competencias

Yo creo, que la financiación autonómica, haciéndose como se hizo; es decir, de manera más o menos equitativa, no representa un trato de favor a ninguna comunidad autónoma; sino que, más bien, es una medida para reducir desequilibrios y diferencias existentes, que a mi entender, no son responsabilidad de ninguno de los gobiernos regionales.

Y, es que la Administración Central del Estado, va a asumir, nada más y nada menos, que la cantidad nada despreciable, de 83.252 millones de euros de deuda, de las comunidades autónomas, del régimen común, con la excepción, claro está, de País Vasco y Navarra, que disponen de otro modelo de financiación; una medida, que eso sí; nace del compromiso recogido entre el gobierno central y ERC de Cataluña y que ya fue aprobada por El Parlamento, en días pasados.

Ni que decir tiene, que, a pesar de todo el revuelo que ha levantado, los del “no por sistema a todo”, que califican esta condonación de deuda, como injusta y muy costosa, no se corresponde para nada, con la realidad; porque es bien cierto, que no puede haber nada más imprescindible y ajustado, que corregir buena parte de los desequilibrios causados por el inoperante actual diseño de financiación autonómica y por las supuestas políticas equivocadas del último gobierno de signo distinto al actual, que tuvimos. Hay que ser sinceros y decir que esta condonación de deuda, no supone ningún cambio para el conjunto de las administraciones públicas, ya que, simplemente se trata de traspasar deuda desde las comunidades autónomas a la administración central; de forma que el total de deuda pública, quedaría intacto, al mismo tiempo, que el peso económico, pasaría a recaer más sobre la administración pública que más fortaleza financiera tiene.

No nos cabe la menor duda, de que el sistema español de financiación autonómica, es muy complejo y opaco; lo que desgraciadamente dificulta mucho su comprensión. Por ello, entiendo, que a la hora de posicionarnos sobre esta condonación de la deuda, se debiera disponer de la máxima información, sobre todos los factores que intervienen en este cometido; porque sería de la única manera que podríamos ver y entender, que las diferencias de deuda entre las comunidades autónomas, no sólo responden a las políticas discrecionales de cada uno de sus gobiernos; sino que también dependen de factores estructurales del propio sistema de financiación y del modelo productivo; lo que conlleva a hacer imposible atribuir responsabilidades a los gobiernos regionales. O sea que, el hecho de que una región (Cataluña) tenga mucha más deuda pública, que otras regiones, no implica necesariamente que hayan gestionado peor los recursos. Es más, puede que incluso los haya gestionado mucho mejor.

Es muy cierto, que las comunidades autónomas tienen competencias en educación, sanidad y servicios sociales; pero, no es menos cierto, que no todas asumieron estas competencias al mismo tiempo; a saber: Cataluña asumió la sanidad en 1980; mientras que Madrid, por ejemplo, terminó de hacerlo 23 años después; ahorrándose por ello, todo el coste que sí tuvo que asumir la primera, durante tanto tiempo, con el consiguiente impacto en el endeudamiento público.

Además, no podemos tampoco olvidar, que las comunidades también tienen diferentes niveles de gastos; un ejemplo de ello, lo podríamos ver, en la comunidad de Madrid, que gasta menos por persona, en educación y sanidad; mientras que otras como Valencia o Extremadura, gastan mucho más. Este factor influye, evidentemente, en los niveles de deuda actuales. Pero, tener una deuda pública superior al resto, precisamente por haber ofrecido mejores prestaciones públicas, no significa, ni por asomo, gestionar peor; sino más bien, todo lo contrario; especialmente cuando se tiene en cuenta, que buena parte de la financiación de las autonomías no depende de ellas mismas.

A lo anterior, habría que añadir además, que la financiación de las comunidades proviene de impuestos cedidos; unos sin capacidad normativa, sobre los que las comunidades no tienen ningún tipo de control (IVA); otros, también de impuestos cedidos con capacidad normativa; que sí pueden regular bajo ciertos límites (IRPF entre otros); y por último, también hay impuestos propios de cada comunidad, aunque su capacidad recaudatoria es muy limitada. O sea que, en cualquier caso, la capacidad de recaudación depende del desarrollo productivo que tengan las regiones, que a su vez depende de multitud de factores estructurales e históricos, que escapan del control de los gobiernos autonómicos recientes.

En fin, espero que con lo expuesto se entienda mejor, lo difícil que es atribuir responsabilidades a los diferentes niveles de deuda actuales, y también espero que se entienda mejor, lo necesario que es, reducir estos desequilibrios históricos entre comunidades; por lo que, esta condonación parcial de deuda, habiéndose hecho, como dije arriba, de forma más o menos equitativa, acorde a la metodología que se anunció, no representa ningún trato de favor a Cataluña ni a ninguna otra comunidad autónoma; sino que representa, una medida para reducir desequilibrios y diferencias que no son responsabilidad de ningún gobierno regional.

Y acabamos haciendo mención, al acuerdo con Junts, en materia de competencias, en gestión migratoria, sobre esto, hemos de decir, que el primer requisito exigible, para poder delegar que no transferir, ciertas competencias a los Mossos, es la elaboración de una ley orgánica. Las competencias a delegar en este caso, no son muchas y atañen principalmente a la gestión de frontera; esto es, en aeropuertos, puertos y otros puntos, donde se realicen controles de pasaportes, los Mossos sustituirán a la Policía Nacional, pero en ningún caso a la Guardia Civil. Y vaya por delante, que la policía catalana tendrá un rol menor en la devolución y expulsión de extranjeros. De igual modo, también sustituirán a la Policía Nacional, en la gestión del Centro de Internamiento de la Zona Franca y en la lucha contra la prostitución y la trata.

Asimismo, será la Generalitat, la que gestione las ventanillas únicas para obtener los permisos de residencia. Y como no podía ser de otra manera, también hemos de decir, que este acuerdo no aborda ninguna competencia relativa a la integración y a la acogida.

Entonces, ¿qué es lo que cambiará realmente cuando esta delegación de competencias se haga efectiva? Pues, por un lado, se incrementará el número de Mossos, añadiendo hasta 7.800 efectivos a los 19.000 que hay en la actualidad; no cabe, la menor duda, de que esto, representa una fuerte inversión de recursos económicos, por parte de la Administración Central; y por otro lado, se otorgará un poder a la región, que permitirá una discrecionalidad autonómica que antes era nacional. Y es aquí, donde podríamos abrir el debate sobre si esa discrecionalidad será beneficiosa para el tema, al que se aplica.