Un litigio por la multa de 30 000 euros que el Gobierno de Canarias impuso a la entidad pública Consorcio del Agua de Lanzarote por un vertido de aguas residuales ha derivado en una debate jurídico que ahora debe resolver la Sección Quinta del Supremo. El alto tribunal dirimirá, a partir de este caso, si los funcionarios interinos (con vínculo laboral temporal) pueden ejercer funciones sancionadoras o si esa potestad está reservada de forma exclusiva a los funcionarios de carrera (con plaza). Menudo debate ya que lo que nadie niega es que la infracción se cometió.






























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