El pleno del Constitucional ha decidido tumbar el protocolo que el gobierno de Canarias de PP y Coalición Canaria impuso en septiembre del año pasado para regular la acogida de menores migrantes. Un protocolo, suspendido desde hace meses de forma cautelar por los tribunales a petición de la Fiscalía, que obligaba a los menores a pasar por más trámites y ralentizando, en la práctica, su entrada en el sistema de protección. Es un varapalo judicial pero también una oportunidad para mejorar y tratar a los menores con dignidad.





























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