Una reciente sentencia ha avalado el acuerdo adoptado en diciembre de 2022 por una comunidad de propietarios de Las Palmas de Gran Canaria para poner coto a las viviendas vacacionales. La mayoría de los vecinos de ese edificio aprobó, “tras un intenso debate”, prohibir los alquileres inferiores a los cuatro meses para esta modalidad. Algo hay que hacer y son los propios afectados los que lo están haciendo.