La criminalización de “Canarias Tiene Un Límite”: una estrategia para silenciar la defensa del territorio y los derechos sociales

Desde el movimiento social “Canarias Tiene Un Límite” denunciamos públicamente la campaña de criminalización y persecución que sufren los colectivos sociales por parte de las instituciones políticas como respuesta a las legítimas reivindicaciones por la defensa del territorio, el acceso a la vivienda y los derechos sociales en Canarias. Observamos con gran preocupación cómo las instituciones han sustituido la política, el diálogo y el consenso por estrategias de represión.
 

El caso más reciente es la sanción impuesta tras la manifestación del 20 de octubre de 2024 en Gran Canaria, donde la delegación del gobierno acusa falsamente al movimiento de intentar acceder a las instalaciones de dos hoteles. La sanción, interpuesta con ausencia de pruebas, presenta graves defectos de forma, como indicar que los supuestos incidentes tuvieron lugar a las 16:30, a pesar de que la manifestación hubiera concluido a las 16:00, conforme al permiso autorizado.
 

Así mismo, se acusa a la persona que gestionó el permiso de manifestación de hacer caso omiso a la policía, hecho que negamos rotundamente. En este sentido, ponemos a disposición de la administración pública y la ciudadanía vídeos y testimonios que demuestran inequívocamente como durante los altercados, tanto la organización como la persona acusada instaron a los manifestantes a continuar la marcha y evitar cualquier conflicto con las fuerzas de seguridad.
 

Este episodio, lamentablemente, no es un hecho aislado:

En Tenerife, tras la manifestación del 20 de octubre, también se sancionó al movimiento con una multa de 100 euros por una  desviación de "una masa que haciendo caso omiso intenta abrirse paso a empujones" fuera del recorrido autorizado, hechos que tampoco ocurrieron.

En Gran Canaria, tres activistas recibieron sanciones de 600 euros cada una -sumando un total de 1.800 euros- por participar en una acción simbólica y pacífica el pasado mes de junio como parte del movimiento “Canarias Tiene Un Límite” en el ayuntamiento de Agüimes.
 

Hasta la fecha, “Canarias Tiene Un Límite” ha recibido sanciones por un total de 3.500 euros. Este monto refleja únicamente las multas dirigidas a nuestro movimiento, sin contar las numerosas sanciones que han recibido otros colectivos ecologistas y sociales en Canarias, como aquellas relacionadas con las luchas contra el proyecto Cuna del Alma o el Hotel de La Tejita, ejemplos claros de la criminalización que enfrentan quienes defienden el territorio y los derechos sociales.
 

Estos hechos evidencian una estrategia sistemática de sancionar y perseguir a quienes difieren de las políticas predatorias puestas en marcha por aquellos que dicen representar la voluntad e intereses del pueblo canario. Ante su incapacidad para dialogar y crear consensos, las instituciones públicas optan por intentar deslegitimar nuestras acciones mediante multas y acusaciones infundadas. No solo se niegan a escuchar las demandas de un movimiento que busca proteger los derechos de todas las personas y la riqueza natural de nuestro territorio, sino que las instituciones siguen doblegándose a la patronal turística mientras nuestra comunidad sigue batiendo récords de pobreza.
 

Ante estos hechos, reiteramos que no permitiremos que intenten silenciar nuestra lucha con sanciones ni amenazas. Seguiremos movilizándonos en defensa de nuestra tierra, nuestros derechos y el futuro de las generaciones venideras.
 

Como movimiento social, exigimos un cambio urgente en la actitud de las administraciones públicas, que deberían velar por el bienestar colectivo y garantizar derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, la protección del territorio y la calidad de vida. Nuestras demandas no son sino un reflejo del malestar de una población cada vez más excluida y vulnerable ante un modelo turístico insostenible y una crisis de vivienda sin precedentes. Criminalizarlas implica criminalizar el sentir de una parte mayoritaria de nuestra sociedad
 

Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, las organizaciones sociales y las personas comprometidas con un modelo de desarrollo justo y sostenible a continuar con la lucha y denunciar esta campaña de criminalización. La lucha por los derechos sociales y ambientales es una tarea de todas y todos.
 

Por la defensa del territorio y los derechos sociales. Por una Canarias más justa.

Canarias tiene un Límite.