Los informes de vulnerabilidad social son un trámite básico que se debe presentar para el acceso a determinados programas o prestaciones. En una comunidad como Canarias, con un 33% de la población en riesgo de pobreza y exclusión, estos documentos se solicitan para diferentes herramientas de escudo social como ayudas a la vivienda o rentas mínimas tales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pero ¿quién tiene la competencia para realizarlos? Se trata de una pregunta que surge tras el choque de competencias de algunas administraciones que se excusan en que ninguna tiene competencia para ello, mientras se produce una disparidad de criterios según el municipio en el que se resida. Es lo que se llama lavarse las manos y que la papa caliente le caiga a otro.






























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