Contratación pública responsable para el norte de Gran Canaria

En un mundo donde la desigualdad y los problemas sociales se incrementan y provocan una sociedad cada vez más dispar, la contratación pública responsable (CPR) se alza como una poderosa herramienta capaz de transformar realidades. No estamos hablando de una idea abstracta, sino de un mecanismo concreto que permite a las administraciones locales ejercer un impacto positivo en su entorno.

En el norte de Gran Canaria, una mancomunidad marcada por las desigualdades, el desempleo, la precariedad juvenil y los problemas de acceso a la vivienda, la CPR podría convertirse en el motor de un cambio social y económico significativo. Sin embargo, su potencial está siendo desaprovechado por parte de los municipios. Este artículo explora cómo la CPR puede ser el catalizador de la transformación que se necesita.

Ya hace un año que el compañero Luis de la Barrera, portavoz de Drago Canarias en Gran Canaria, comenzó con la publicación de una serie de artículos bajo el nombre de “Contratación pública autocentrada en Canarias” y, aunque con un enfoque un tanto diferente, en este artículo pretende analizar este mismo tema, pero esta vez desde la perspectiva del poder transformador que la contratación pública responsable tiene a efectos sociales, medioambientales y éticos.

La contratación pública es para las administraciones locales una poderosa herramienta de transformación de la realidad social de los municipios, y está siendo desaprovechada. Imaginen que les dicen que tienen el 20 % del Producto Interior Bruto para producir impacto social y medioambiental en la sociedad, pues de eso estamos hablando. La contratación pública se refiere a la contratación de suministros, servicios y obras de las administraciones públicas. No es sólo un medio para proveer de bienes y servicios a la Administración, sino que además es un potente inductor para la consecución de fines sociales y para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos; argumento que conecta con una visión socialmente responsable de las organizaciones públicas para ir más allá de sus obligaciones legales.

El norte de Gran Canaria en la actualidad

El norte de Gran Canaria enfrenta retos urgentes que requieren atención prioritaria. La desigualdad social afecta a una proporción significativa de la población, mientras que el desempleo, especialmente entre los jóvenes, mina las posibilidades de emancipación y desarrollo a largo plazo. En Canarias, más del 33 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza, y esto refleja la falta de oportunidades laborales y sociales. Aunque carezco de los datos a nivel local, no hay motivos para pensar que sean mejores. Además, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un desafío, agravado por un mercado que no responde a las necesidades de los sectores más vulnerables. Las cifras de desempleo juvenil son particularmente alarmantes, lo que genera un entorno de frustración y emigración de talento hacia otras zonas.

Por otro lado, la dinamización económica local es limitada. Muchas pequeñas y medianas empresas encuentran dificultades para competir en licitaciones públicas, lo que reduce su capacidad para crecer y generar empleo. Este contexto no solo afecta a quienes viven estas realidades de manera directa, sino que también erosiona la cohesión social y la confianza en las instituciones públicas. Sin una intervención eficaz, estas problemáticas podrían perpetuarse, limitando las posibilidades de desarrollo sostenible de la región.

El potencial de la contratación pública responsable

La CPR es más que un mecanismo para adquirir bienes y servicios, es una herramienta de política pública con un enorme poder transformador. Mediante la inclusión de criterios sociales, ambientales y éticos en los procesos de licitación, las administraciones pueden fomentar la creación de empleo digno, reducir desigualdades y proteger el medio ambiente. Esto podría traducirse en:

1. Promoción del empleo local: exigir la contratación de trabajadores de la zona o de colectivos vulnerables en los contratos públicos podría aliviar el desempleo y generar ingresos para las familias. Además, la creación de programas de formación asociados a los contratos podría preparar a los jóvenes para participar en proyectos locales, promoviendo su arraigo en la región.

2. Fomento de la igualdad de oportunidades: las cláusulas sociales pueden garantizar la inclusión de mujeres, jóvenes y personas en situación de exclusión en proyectos financiados con fondos públicos. Por ejemplo, los contratos podrían requerir la creación de plazas para mujeres en sectores tradicionalmente dominados por hombres, promoviendo la equidad de género.

3. Protección del entorno natural: priorizar materiales sostenibles y medidas que reduzcan el impacto ambiental podría proteger los valiosos paisajes naturales de la región. En este sentido, proyectos de rehabilitación ambiental podrían incluir la restauración de espacios degradados.

4. Impulso a las pymes: Dividir los contratos en lotes más pequeños facilitaría la participación de pequeñas empresas locales, fortaleciendo la economía de la zona. Además, incluir requisitos para que los bienes y servicios provengan de productores locales podría generar cadenas de valor sostenibles.

Fortalezas del norte de Gran Canaria

El norte de Gran Canaria cuenta con recursos y valores que pueden potenciarse a través de la CPR. Sus entornos naturales, desde paisajes agrícolas hasta reservas naturales, ofrecen un atractivo único que puede preservarse y aprovecharse mediante proyectos responsables. Además, los valores tradicionales y etnográficos, como la artesanía y la cultura local podrían recibir un impulso significativo al ser integrados en los criterios de contratación.

Por ejemplo, promover el uso de materiales locales en obras públicas o apoyar eventos culturales que refuercen la identidad local son acciones que benefician tanto a la economía como al tejido social. También es fundamental que las administraciones locales trabajen en sinergia con las comunidades para identificar necesidades y oportunidades específicas, garantizando que las licitaciones públicas respondan a los intereses del territorio.

Casos de éxito y aprendizajes

La experiencia de otras regiones demuestra que la CPR puede generar impactos positivos tangibles. Por ejemplo, en ciudades europeas como Copenhague, la contratación pública ha sido clave para promover el transporte sostenible y la reducción de emisiones de carbono. En España, ayuntamientos como el de Barcelona han implementado cláusulas sociales en sus licitaciones, logrando una mayor inclusión de colectivos vulnerables y el fortalecimiento del tejido empresarial local.

Estos casos muestran que, con una planificación adecuada y el compromiso de las administraciones, es posible utilizar la CPR como una herramienta para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Para el norte de Gran Canaria, aprender de estas experiencias podría ser el primer paso hacia una transformación real.

En este sentido, la contratación pública responsable no es una opción, es una obligación legal y una oportunidad única para transformar la realidad de la comarca norte de Gran Canaria. Con solo 14 licitaciones realizadas por los ayuntamientos en Canarias, el panorama actual es claramente insuficiente. Es momento de que las administraciones locales asuman su responsabilidad y utilicen esta herramienta para abordar las desigualdades, fomentar el empleo, mejorar el acceso a la vivienda y dinamizar la economía local.

Desde Drago Canarias hacemos un llamamiento a los ayuntamientos para que lideren este cambio. La CPR no solo cumple con la ley, también fortalece la confianza ciudadana y contribuye a construir una sociedad más justa y sostenible. Aprovechemos su poder transformador para que el norte de Gran Canaria deje de ser un territorio de carencias y se convierta en un ejemplo de desarrollo inclusivo y responsable. La oportunidad está en nuestras manos; no la dejemos escapar.

Cosme Vega, responsable de Política y Estrategia de Drago Gran Canaria