La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), a través del responsable del sector de ambulancias, Enrique Espi, alerta sobre la grave crisis que enfrenta el sector del transporte sanitario tras la renovación de los contratos públicos por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Según Espi, esta decisión, lejos de solucionar los problemas existentes, está agravando una situación insostenible debido a la ausencia de fiscalización técnica y laboral a las empresas adjudicatarias.

Denuncia que la administración incumple la Ley de Contratos del Sector Público al no controlar las irregularidades, incumplimientos e ilegalidades cometidas por las empresas adjudicatarias. Asegura que es muy preocupante y alarmante que, a pesar de tener conocimiento de estos hechos tanto la Administración como la Consejería de Sanidad, renueven los contratos sin penalizar los incumplimientos.

Desde FSC-CCOO se denuncia que esta permisividad otorga a las empresas una sensación de impunidad. “Las empresas operan como si estuvieran protegidas por la administración, sin consecuencias negativas para ellas, pero con un impacto devastador para los trabajadores y usuarios. Esto incluye casos como el de la empresa ISCAN en Gran Canaria, que ha llegado al extremo de vulnerar reiteradas veces derechos fundamentales de libertad sindical”, un hecho que el sindicato ha llevado ante los tribunales”, señala Espi.

El sindicato también cuestiona la externalización de un servicio esencial que se gestiona con dinero público. “La gestión directa es la única solución viable para garantizar la transparencia, la eficiencia y el respeto a los derechos laborales y sindicales. Sin embargo, el acuerdo para fiscalizar a las empresas y estudio para la internalización del servicio sigue paralizado por intereses que desconocemos. Nos preguntamos por qué la Administración no actúa y prioriza este sistema, claramente perjudicial para los trabajadores y los usuarios”, concluye Espi.

FSC-CCOO exige a la Consejería de Sanidad una respuesta inmediata que garantice la calidad del servicio, el cumplimiento de lo firmado en los contratos públicos con las empresas adjudicatarias y la protección de los derechos laborales, así como un avance real hacia la gestión pública directa del transporte sanitario en Canarias.