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La aprobación de los presupuestos de Canarias trajo consigo a finales de año un cambio en la Ley de Servicios Sociales que cuenta con el rechazo no solo de la oposición sino de más de 30 colectivos, entre los que se encuentran los colegios de Trabajo Social de las dos provincias. El cambio fue registrado por los partidos que sustentan al Gobierno regional (CC, PP, ASG y AHI) con el objetivo de que los ayuntamientos puedan decidir si seguir ofreciendo la ayuda a domicilio municipal de forma directa como hasta ahora o sustituirla por una prestación económica.  Lo que está claro es que el cambio no gusta sobre todo a los afectados que son por lo que se tiene que mirar.