Memoria Histórica

La asociación de memoria democrática 'Niño Braulio' denuncia la anulación del catálogo de vestigios franquistas

Es imprescindible que las instituciones públicas cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo

Redacción Miércoles, 08 de Enero de 2025 Tiempo de lectura:
Asociación de memoria democrática 'Niño Braulio'Asociación de memoria democrática 'Niño Braulio'

Desde la asociación de memoria democrática 'Niño Braulio' expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazo ante la reciente decisión del Gobierno de Canarias de anular el Catálogo de vestigios franquistas en el archipiélago. Esta medida supone un grave retroceso en el proceso de recuperación de la memoria histórica y un desprecio hacia las víctimas del franquismo y sus familias.

 

La eliminación de este catálogo evidencia una falta de compromiso con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y una clara intención de perpetuar los símbolos de una dictadura que causó tanto dolor y sufrimiento a nuestra sociedad.

 

La decisión de mantener en el espacio público monumentos y símbolos franquistas resulta ofensiva para la memoria de las víctimas, de sus familias y de la sociedad, en general, constituyendo una afrenta a los principios democráticos y a los derechos humanos. Es inadmisible que en pleno siglo XXI sigamos tolerando la exaltación de un régimen basado en el clasismo, la violencia, la represión y la negación de libertades fundamentales.

 

Como no puede ser de otra manera, habida cuenta de nuestros fundamentos y objetivos como asociación de memoría democrática, en nombre de las víctimas del franquismo y de toda la sociedad canaria, exigimos que se revierta de inmediato esta decisión y se retome el proceso de eliminación de todos los vestigios de la dictadura. Asimismo, solicitamos que se establezca un plan integral y coordinado para garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática en todo el territorio nacional canario.

 

Es imprescindible que las instituciones públicas cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo. La memoria histórica no es una opción, sino un deber moral y legal que debemos asumir todos.

 

Esperamos que esta respuesta sirva para cambiar la actitud de las instituciones competentes sobre la gravedad de esta situación y la necesidad de adoptar medidas urgentes para corregir esta injusticia.

 

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