Los ayuntamientos deberán inspeccionar todas y cada una de las casas explotadas con fines vacacionales en las Islas, más de 50 000, y actuar sobre aquellas que no cumplen con la legislación. El problema es que la inmensa mayoría de los ayuntamientos no tienen la capacidad de inspeccionar cada una de las viviendas, por lo que no hay quien le ponga el cascabel al gato.































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