¿Dónde está nuestro dinero?
Hoy, vamos a hablar sobre la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias —en adelante AMTC—. Es una asociación conformada por los municipios de Adeje, Antigua, Arona, Guía de Isora, La Oliva, Mogán, Puerto de la Cruz, San Bartolomé de Tirajana, Santiago del Teide, Tías, Teguise, Pájara, Puerto del Carmen y Yaiza. Son los municipios Canarios cuya economía es eminentemente turística. La Asociación tiene por objeto, según se señala en sus estatutos, la coordinación de una unidad de acción de los principales municipios turísticos de Canarias para la defensa de intereses comunes.
Primero, vamos a enumerar los hechos.
En el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas se recoge la Orden de la Consejera de Turismo, Industria y Comercio por la que se concede subvención directa a la AMTC, con el fin de ejecutar el plan local de sostenibilidad turística en destinos en la convocatoria extraordinaria 2021. La subvención asciende a ocho millones de euros, un volumen importante de fondos, por lo que intento averiguar a qué se dedicará una cantidad tan ingente de dinero. Voy a la sección de transparencia de la web de dicha entidad y “no encuentro ninguna referencia a dicha subvención”.
Existen carencias en todos los apartados que establece la Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública: falta información sobre la estructura orgánica, falta información presupuestaria y contable… Pero, sobre todo, falta información relativa a las ayudas y subvenciones percibidas de Administraciones públicas —que es el caso que nos ocupa—, y un largo etcétera.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones por importe superior a 60.000 euros quedan obligadas a cumplir las obligaciones de publicidad que se recogen en la citada Ley.
En cuanto al tiempo que debe permanecer la información publicada, ni la ley de transparencia básica ni la ley canaria han sido objeto de desarrollo reglamentario que regule el tiempo que la información debe permanecer publicada. Ahora bien, se interpreta que la información sobre la concesión debe permanecer publicada en la web de la entidad privada, al menos, durante los cuatro años naturales siguientes al año en que se concedió la subvención —extraído de la web del Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias—.
Transparencia y dinero público: una asignatura pendiente en la AMTC
La opacidad en la gestión de fondos públicos no solo atenta contra los principios de transparencia y buen gobierno, sino que mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El caso de la subvención directa de ocho millones de euros otorgada a la AMTC para desarrollar un "Plan Local de Sostenibilidad Turística en Destinos" ilustra esta problemática con preocupantes evidencias.
Falta de información esencial
El documento oficial que aprueba la subvención menciona un "Anexo X" en el que, supuestamente, se detallan los objetivos concretos y las actividades a financiar. Sin embargo, este anexo parece ser un fantasma: no está accesible ni en el expediente ni en la web de la AMTC. Esta ausencia de información no solo incumple los requisitos mínimos de transparencia, sino que dificulta enormemente la posibilidad de evaluar si los fondos están siendo usados de manera eficiente y con impacto real en los destinos turísticos.
Además, la AMTC no ha publicado en su memoria anual ni en su portal de transparencia información relevante sobre cómo se está utilizando esta importante partida presupuestaria. Esto contrasta con la obligación legal de las entidades y beneficiarias de subvenciones de rendir cuentas de manera clara, accesible y actualizada.
Obligaciones legales y responsabilidad
La Ley Canaria de Transparencia exige que entidades como la AMTC publiquen información sobre el destino de los fondos públicos recibidos, incluyendo objetivos, resultados y contrataciones asociadas. La falta de cumplimiento en este caso sugiere un grave desinterés por garantizar que la ciudadanía pueda fiscalizar el uso del dinero público. Además, considerando que estos fondos provienen del instrumento Next Generation EU, las normativas europeas exigen una rendición de cuentas más estricta, algo que parece no estar ocurriendo.
¿Un "chiringuito" institucionalizado?
La opacidad y la falta de resultados visibles invitan a cuestionar si estamos frente a un "chiringuito" financiado con dinero público. ¿Se están empleando realmente estos recursos en proyectos transformadores y sostenibles, como exige el plan Next Generation EU? ¿O estamos viendo un sistema que prioriza la burocracia y el reparto opaco entre actores institucionales?
Es preocupante que la AMTC, una entidad financiada íntegramente por administraciones públicas, no cumpla con estándares básicos de gobernanza. Aún más alarmante es que ni el Gobierno de Canarias ni la Consejería de Turismo parecen haber exigido explicaciones claras al respecto.
Por una rendición de cuentas efectiva
Es fundamental que se haga público un desglose detallado de cómo se están utilizando estos nocho millones de euros. Las entidades responsables deben responder a cuestiones clave: ¿Qué proyectos específicos se están financiando con estos fondos?, ¿Qué impacto real están generando en términos de sostenibilidad y mejora del modelo turístico?, ¿Por qué no se han cumplido los mínimos de transparencia exigidos por ley?
Este caso subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de control y seguimiento de las subvenciones públicas. La ciudadanía merece saber si su dinero está siendo bien empleado, y cualquier intento de ocultar información debe ser investigado y sancionado si corresponde.
El uso de fondos públicos no es un cheque en blanco. Exigimos a la AMTC y al Gobierno de Canarias que rindan cuentas con la claridad y el detalle que la ley y la ética imponen. Solo así se podrá disipar la sospecha de que, lejos de trabajar por la sostenibilidad y la transformación del turismo, estos fondos están alimentando un modelo opaco, alejado de los intereses reales de la población.
Cosme Vega, responsable de Política y Estrategia de Drago Gran Canaria
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