El juicio por el presunto fraude en las subvenciones públicas concedidas entre 2006 y 2009 a UGT (Unión General de Trabajadores) en Canarias para los cursos de formación de Fundescan (Fundación para el Desarrollo Social de Canarias, vinculada al sindicato), comenzará en abril de 2025, quince años después de que se abriera la investigación y casi tres después de que se decretara el auto de apertura de juicio oral. Que un juicio se celebre quince años después, es algo que no se puede permitir en un una democracia consolidada y alguien tiene que asumir responsabilidades.
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