La Plataforma por el 5% comparece en la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias

El mandato de la Ley Canaria de Educación (LCE) de 2014, que señala que esta debe disponer de una financiación de, al menos, el 5% del PIB canario, no se está cumpliendo y lejos de acercarnos nos estamos alejando de ese objetivo, pasando del 4,63% de 2023 al 4,20% del presente ejercicio. Y, junto a la falta de voluntad política para cumplir con lo que establece la LCE, subyacen también problemas de insuficiencias presupuestarias que deben ser corregidos con una fiscalidad coherente y que reduzca nuestras excesivas rebajas fiscales. Estos son algunos de los planteamientos realizados por integrantes de la Plataforma por el 5% para Educación en la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias.

La Plataforma señala que han pasado diez años de la aprobación de la LCE y su despliegue ha sido “tan desigual como frustrante”. Destacando que la financiación “ha incumplido la senda establecida y se sitúa en el presupuesto de 2024 en 4,20% del PIB previsto, con un déficit de más de 451 millones respecto al objetivo del 5%, cuando en 2023 éste se había reducido hasta poco más de los 183 millones de euros”. Y recordando que en la Cámara canaria se han aprobado cuatro PNLs instando al Gobierno a su cumplimiento.

Retroceso

Al respecto destacaron que en la anterior legislatura se pasó del 3,58% al 4,63%, un incremento de 1,05 puntos porcentuales, pero que en el primer presupuesto de la actual se retrocedió hasta el 4,20% (-0,43 puntos porcentuales, un retroceso que en un sólo ejercicio se come el 40% de lo avanzado en una legislatura), elevando el déficit hasta los 451 millones de euros. Y, además, “visto el techo de gasto no financiero aprobado y según nuestras previsiones, que ojalá no se cumplan, la tasa bajará para el próximo ejercicio hasta situarse alrededor del 4% del PIB, acumulando un incumplimiento de cerca de los 600 millones de euros”.

Respecto a la influencia de la inversión educativa, la Plataforma puso como ejemplo a Extremadura, una comunidad pobre, pero que “a la que una inversión sostenida por encima del 5% del PIB, una implantación acelerada del 0-3 años (7.000 plazas públicas en 3 años) y unas plantillas docentes reforzadas (5.000 profesores más que Canarias) le está permitiendo no sólo reducir la brecha que le separaba del resto de España, sino que también le ha permitido adelantar a Canarias partiendo de una posición atrasada”.

En su intervención aseguraron que, al margen de la falta de voluntad política, son varias las razones que impiden unos mejores presupuestos y, en concreto unas mejores cuentas públicas educativas, y que resumieron indicando que Canarias no cuenta con un presupuesto suficiente para atender a las necesidades derivadas de nuestra ultraperificidad y de nuestro retraso; en los excesivos beneficios fiscales de nuestra comunidad, “con más de 530 millones en bonificaciones fiscales de las que nos corresponderían por nuestro nivel de renta” y, asimismo, la excesiva derivación de recursos a cabildos y ayuntamientos.

Plan en tres ejercicios

Para superar esa situación proponen cuatro medidas. Un Plan para alcanzar una suficiencia fiscal que permita disponer de un presupuesto de 700 millones más que el actual, para atender a los costes de la ultraperiferia. La concentración del presupuesto en los servicios públicos (sanidad, educación y seguridad y protección social) reduciendo las excesivas transferencias a cabildos y ayuntamientos aproximándolas a las aplicadas en otras comunidades autónomas. El incremento del presupuesto educativo en 700 millones hasta alcanzar el 5% del PIB. Y la concreción en un plan presupuestario verificable para lograrlo en tres ejercicios.