“El incumplimiento de la obligación de alcanzar el mínimo del 5% del PIB y el desfase de los últimos años constituye una falta de respeto al consenso alcanzado por toda la ciudadanía en el Pacto social, político y económico por la Educación en Canarias y reflejado en la Ley Canaria de Educación no Universitaria”. Es la conclusión a la que llega el Consejo Escolar de Canarias en una de sus últimas resoluciones, donde se recuerda que la norma canaria establecía que ese objetivo debía cumplirse en el año 2022. Que se ha incumplido y que va a seguir incumpliéndose está más que claro.






























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