ContenedoresEn la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Moya, el Partido Socialista votó en contra de la modificación del contrato de recogida de residuos sólidos del municipio, una propuesta presentada por el gobierno local que plantea una revisión del contrato en un 49,3%. El portavoz del PSOE en Moya, Daniel Ponce, argumentó que esta modificación es ilegal y perjudicial para el municipio.
Ponce comenzó su intervención señalando que el expediente fue traído inicialmente al pleno el 8 de noviembre de 2023, pero quedó sobre la mesa a propuesta suya. "Me reuní con el alcalde y le manifesté que el expediente venía incompleto", explica el portavoz socialista. Sin embargo, lo más preocupante para el PSOE es que esta modificación se basa en un Estudio Técnico-Económico que es el mismo presentado en agosto de 2023, y que, además, es un documento anónimo sin firma alguna.
"Nos parece inaceptable que se apruebe un expediente con un estudio sin identificar, lo cual genera dudas sobre su validez", subrayó Ponce. A pesar de esto, el PSOE aclaró que están de acuerdo en la necesidad de implantar la recogida de bio-residuos orgánicos en el municipio, pero criticó también el cronograma presentado para su implementación, ya que no se ha ni siquiera iniciado. "El servicio debía estar implantado, operativo desde enero de 2023, y a pleno rendimiento a final de 2024. Nos parece un engaño, añadió.
El concejal socialista también señaló que la ley estatal no obliga a implantar el servicio en el 100% de las viviendas del municipio, por eso también cuestiona este proyecto aprobado. En el estudio Anónimo "No se ha definido cuántas veces se prestará el servicio en cada zona, lo cual perjudica a la administración, que podría estar pagando por un servicio sin saber si se recoge una o cinco veces por semana", indicó Ponce.
Otro aspecto que preocupa al PSOE es la propuesta de adquirir nueva maquinaria para el servicio y más personal, costes que, según Ponce, repercutirán en la prestación de Servicio y por tanto, también directamente en los vecinos y vecinas de Moya.
"Estamos hablando de una modificación que afectará a los ciudadanos durante cinco años y ocho meses, con un coste total de 1.715.966,70 euros, lo que equivale a unos 285.000 euros al año, o 23.800 euros mensuales. Me parece un exceso porque este servicio lo vamos a pagar con nuestros impuestos, directos o indirectos", expresó.
Finalmente, Ponce argumentó que la modificación del contrato, realizada bajo la modalidad de concesión administrativa, excede el límite legal del 20% permitido por la Ley de Contratos del Sector Público. Además, consideró que la falta de firma en el estudio técnico podría invalidar el expediente. Entiendo que "Se debería haber sacado una nueva licitación. Todo esto desvirtúa el informe que sustenta la modificación del contrato", concluyó el portavoz socialista.
En resumen, el PSOE de Moya considera que la modificación del contrato es incorrecta y que la misma debería haber sido sometida a una nueva licitación Pública, ya que el actual contrato está a punto de finalizar. Además, señalaron que el informe presentado por el gobierno local es fraudulento y no puede aplicarse conforme a la Ley.































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