La plataforma del 5% denuncia que las desmedidas rebajas fiscales de Canarias comprometen la financiación de la educación

Tras más de diez años de vigencia de la Ley Canaria de Educación, la financiación de la Educación canaria no sólo no alcanza el 5% del PIB establecido en la misma por ley para el 2022 sino que amenaza con alejarse aún más de este objetivo, creando un agujero de más de 700 millones de euros, que limita las posibilidades de acelerar la implantación de la Educación Infantil 0-3 años en la que seguimos a la cola del Estado; impidiendo, asimismo, cumplir el objetivo de incrementar las platillas docentes en 5.000 efectivos, potenciar los programas de atención al alumnado en desventaja, impulsar la FP y actualizar y renovar las infraestructuras educativas.

Todas estas políticas cuestan dinero y por eso la Ley Canaria de Educación estableció el piso financiero para el desarrollo de las políticas educativas que permitan a Canarias salir de su situación de desventaja acelerando la mejora de la educación: un mínimo del 5% de su PIB.

Para que los recursos económicos necesarios lleguen a la educación primero tiene que hacerlo vía ingresos a los presupuestos y estos se alimentan básicamente de transferencias del Estado en las que Canarias está junto con Extremadura a la cabeza del Estado y de ingresos fiscales, aspecto en el que Canarias se sitúa a la cola del resto de las comunidades autónomas.

Cumplir con el derecho a la educación de alumnado canario requiere de un esfuerzo fiscal que Canarias no está afrontando.

Por todo ello, la Plataforma 5% para Educación reclama que en los próximos presupuestos para 2025 se inicie la senda del esfuerzo fiscal que permita avanzar hacia el 5% para educación para poder acometer una actualización del Plan estratégico del Primer Ciclo de Educación Infantil en Canarias [0-3 años], 2022-2025 y que se trace como objetivo irrenunciable alcanzar en un periodo de tres a cinco años la tasa de escolarización media estatal. Para alcanzar ese objetivo hará falta crear más de 7.000 plazas, ya que las cifras actuales mantienen la brecha que separa a Canarias del resto de las comunidades y nos sitúan a la cola de éstas, perjudicando la trayectoria educativa de generaciones de menores que no pueden esperar.

Asimismo, la Plataforma exige esas medidas fiscales que permitan incrementar las plantillas del profesorado en 4.000 docentes, a un ritmo de 1.000 por curso, para poder acelerar el proceso de mejora de la educación, reforzar los programas de refuerzo educativo y de atención al alumnado en desventaja, así como dar cobertura a la expansión del Primer Ciclo de Educación Infantil.

La Plataforma concluye que es necesario que el Gobierno se tome en serio el problema de la educación canaria y presente unos presupuestos que avancen hacia el cumplimiento de la financiación establecida en la Ley Canaria de Educación, de modo que se permita dar soporte a las medidas que aceleren la mejora de la educación canaria.

ANEXO DE TABLAS DE DATOS