El Gobierno de Canarias defiende su polémico decreto de Dependencia pese a que trabajadores públicos y la oposición lo han criticado porque genera “indefensión” y abre la puerta a la privatización. Entre otras cuestiones, se reprocha que se elimine el informe social y que se extinga la prestación si no se hace efectiva en tres meses. Y el rechazo se hace extensible a los ayuntamientos, por lo que la polémica está más que asegurada.






























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