El nuevo decreto de Dependencia sigue generando críticas. El Gobierno de Canarias reculó tras las alegaciones del personal técnico y de los colegios profesionales y finalmente no caducarán las resoluciones si el Ejecutivo no responde a los seis meses. Sin embargo, hay otras cuestiones que se mantienen y que profesionales del ámbito reprochan como que se elimine el informe social y se sustituya por uno del entorno o que se abra la puerta a que profesionales ajenos a este servicio puedan realizar las valoraciones y los trámites que requieren de que a una persona se le conceda o no este derecho. No saben qué hacer en un área tan sensible, y esto es muy preocupante.































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