Cuestión de prioridades

Hace pocos días fuimos conocedores de la noticia, aún de manera oficiosa, de la designación del Estadio de Gran Canaria como sede mundialista para 2030. Para que esto sea posible, el Cabildo de Gran Canaria ha comprometido una inversión de 101 millones de euros en tres años. El año pasado, el Cabildo de Tenerife anunciaba la inversión de 52 millones de euros para el circuito del motor en un plazo de cuatro años. Sin duda unas cifras mareantes que viéndolo de manera aislada da la sensación de una gestión eficaz y eficiente por parte de nuestros responsables políticos.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda están las infraestructuras, más que necesarias, del II Plan de Infraestructuras sociosanitarias de Canarias que pretendía construir en Gran Canaria un total de 1453 plazas, de las cuáles 881 serían residenciales y 572 plazas de día; y un número similar en Tenerife, en el período 2017-2021. El Gobierno de Canarias aportaría, para el conjunto del archipiélago, más de 161 millones de euros, y los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife aportarían unos 40 millones de euros cada uno. Pues bien, estas obras se han retrasado de tal modo que, a fecha actual, tres años después de la hipotética finalización del plan, sólo se han puesto en marcha, en el caso de Gran Canaria, 41 plazas residenciales.

Cierto es que entremedias padecimos una pandemia que lo truncó todo, pero existen actuaciones que no tienen justificación, como es el caso del CSS Tarazona en Santa María de Guía. En este centro ya se encontraban en funcionamiento un total de 30 plazas, y se decidió ampliar su oferta en un edificio anejo con unas 60 plazas residenciales y 30 plazas de día adicionales. En mayo de 2023 se produce la inauguración de este nuevo edificio, pero se decide el traslado de los residentes que se encontraban para poder realizar algunas reformas a la infraestructura preexistente. Más de un año después de la inauguración, el Instituto AS del Cabildo de Gran Canaria afirma que no conoce en qué fecha se pondrá en marcha dicho centro. El resultado, 30 plazas residenciales menos para la isla. Sumamos 41, restamos 30 y el saldo es de 11 plazas nuevas para toda la isla.

Nos encontramos en la Comunidad Autónoma que ocupa el último lugar en el despliegue de la Ley de Dependencia, con unas listas de espera que causan rubor. Este último puesto no lo ocupamos de manera coyuntural, sino que nos hemos instalado en él desde el principio y no lo abandonamos. En el resto de España ya se habla de un cambio de modelo de atención en la dependencia, que ponga el acento en la desinstitucionalización y que refuerce los servicios en el domicilio para que las personas puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Sin embargo, en Canarias faltan, según la estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 9500 plazas residenciales.

Como a los malos estudiantes se nos acumula la tarea, no hemos sido capaces de ponernos al día con los retos que nos planteó la Ley de Dependencia, aprobada en 2006, y ya tenemos tareas nuevas. Por lo que se ve, nuestros gobernantes andan más ocupados con mundiales de futbol y carreras que con el bienestar de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Cosme Vega Reyes

Responsable de Política y Estrategia de Drago Gran Canaria