Tres colectivos ciudadanos de Canarias, Ceuta y Melilla denuncian que en esos tres territorios de la frontera sur de Europa se bordea la ley en el trato que se dispensa a los migrantes, llegando a convertir la burocracia en una forma de “violencia administrativa” contra el extranjero. Entre otras prácticas, denuncian “falta de información” a los migrantes sobre los derechos que les asisten o sobre los procedimientos para solicitar refugio o asilo, así como impedimentos para empadronarse en la ciudad donde viven, lo que dificulta su acceso a servicios públicos como la sanidad, la educación, determinadas prestaciones sociales y, en última instancia, a la “regularidad administrativa”. Que no se nos olvide que tienen derechos y que corresponde a las administraciones públicas que esos derechos se cumplan y no se vulneren.






























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