Casi tres años después de ser desahuciado de un piso de su propia promotora, el dueño de una pequeña constructora de Tenerife acaba de recibir una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que durante ese proceso de ejecución hipotecaria se vulneró uno de sus derechos fundamentales, el de obtener la tutela efectiva de los tribunales. Sin embargo, ya no hay posibilidad de reversión, de recuperar una finca que tras una subasta pública quedó en manos de Buildingcenter, la inmobiliaria de Caixabank. Una sentencia que llega tarde y no sirve para nada.





























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