El nuevo decreto de Dependencia sigue causando rechazo en Canarias. A las alegaciones presentadas por el personal del área, se suman las de los dos colegios de Trabajo Social de las Islas, que lo tachan de “grave amenaza” y exigen su retirada. El decreto de la Consejería de Bienestar Social que apenas estuvo diez días en exposición pública establece entre sus principales novedades que si pasan seis meses desde que se solicita la ayuda se entenderá desestimada “por silencio administrativo”. Una medida que se justifica en que así se permite “la interposición del recurso administrativo”. Hay que escuchar a los profesionales, y más cuando ese plazo de seis meses ya se sabe que no soluciona sino que agrava el problema.






























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