El Gobierno de Canarias ha anunciado que ha solicitado ya a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma un informe sobre la viabilidad de una reforma legislativa que permita establecer mecanismos para limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las islas. Se encarga un informe que se sabe que no servirá para nada dado que no hay voluntad para ponerle el cascabel al gato.































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