El decreto de vivienda impulsado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) y recientemente convalidado por el Parlamento autonómico continúa generando controversia. Tras las duras críticas de un consejero del Consultivo, un informe externo encargado por la Federación Canaria de Municipios (FECAM) reprocha que la norma haya marginado a las entidades locales de su elaboración, en especial al tener en cuenta que las actuaciones previstas no son susceptibles de producir “efectos inmediatos”, y también cuestiona la mayoría de las medidas planteadas por la falta de concreción y detalle. Es lo que se dice, llevárselas por todos lados.
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