La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha presentado su dimisión este jueves tras notificarse una sentencia en la que se la condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa cometido entre 2015 y 2016. Y la pregunta es para qué la nombraron si sabían la causa judicial en la que estaba metida. Es lo que se dice no escarmentar en eso de buscarle acomodo a los nuestros.





























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.34