Dos casos de menores migrantes que han sufrido graves consecuencias porque las autoridades españolas no se fiaron de los documentos que presentaban para probar su edad ha puesto el foco sobre una situación más frecuente de la que parece, a pesar de que la ley española y los dictámenes de Naciones Unidas son claros: en caso de duda, hay que tratarlos como menores. Es lo que hay pero no lo cumplimos.





























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