Junta de Personal Docente de la enseñanza pública no universitaria de la provincia de Las Palmas

El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas, en sesión ordinaria celebrada el lunes, día 15 de enero de 2024, acordó para su envío a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y a los medios de comunicación, la siguiente:

 

VALORACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2023/24

 

1. Plantillas y ratios.

 

El curso pasado se pusieron en marcha las primeras medidas contenidas en el Acuerdo Marco para la Mejora del Sistema Público Educativo de Canarias donde se contempla una mejora tanto en las plantillas docentes como en las ratios. Con dicho acuerdo, se pretendía, por una parte, incrementar los recursos humanos para atender a la diversidad de todos los centros educativos y, por otra, combatir la desigualdad dotando de mayor plantilla a los centros ubicados en un entorno social, cultural y económico desfavorecido. Al tratarse de un Acuerdo Marco que cuenta con su respaldo financiero propio, propicia que dichas plantillas se consoliden de manera indefinida para futuros cursos, lo que sin duda fue una muy buena noticia. Como es natural, esta Junta de Personal espera que el nuevo Gobierno conformado tras las últimas elecciones autonómicas respete y siga desarrollando y mejorando el citado Acuerdo Marco que supuso un hito en lo que a mejora de plantillas y ratios se refiere pues, si bien no ha llegado a situarnos todavía en la media del Estado, por primera vez en casi dos décadas nos ha aproximado bastante.

 

Respecto a las ratios, en los CEIP y CEP completos, el pasado curso se inició la supresión progresiva de los grupos mixtos en el tercer ciclo de la etapa de Primaria que ha continuado este curso con el segundo ciclo y se prevé que se extienda a toda la etapa el curso próximo. En Secundaria se contempla un máximo de 27 alumnos/as en los dos primeros cursos mientras que, en Bachillerato, un máximo de 30 alumnos/as. Si bien, a lo largo del pasado curso se han producido nuevos anuncios de bajadas de ratios, lo cierto es que por el momento no se ha convocado la comisión de seguimiento del acuerdo con el fin de seguir profundizando en las medidas de mejora que se habían anunciado para cursos sucesivos. Por otra parte, esta Junta de Personal tiene conocimiento de quejas de algunos centros donde todavía se mantienen algunos grupos mezcla o las ratios no se han adecuado a lo que se establece en el Acuerdo Marco. Consideramos, por tanto, indispensable darle la importancia que se merece a este acuerdo y buscar los mecanismos necesarios para valorar la aplicación y funcionamiento de las medidas que engloba, pudiendo garantizar así su adecuada implantación. Por ello, consideramos que el nuevo Gobierno no debe dar ni un paso atrás en las medidas conseguidas por lo que insistimos en mejorar las medidas de dicho acuerdo pues, como quedó demostrado durante el curso 2021/2022, el incremento de las plantillas y la reducción de ratios, llevada a cabo como medida de prevención frente a la pandemia, son una herramienta fundamental para la mejora de la calidad educativa y permitieron acercar los resultados de Canarias a los de la media estatal, tanto en lo que se refiere a la disminución del abandono escolar temprano como a mejora de la tasa de idoneidad.

 

Dentro del apartado de plantillas docentes, debemos destacar la creciente preocupación del profesorado de la especialidad de Alemán de los centros de Educación Primaria pues, algunos de los centros donde se viene impartiendo Alemán como segunda lengua extranjera denuncian que desde la Consejería se pretende eliminar esta especialidad atendiendo únicamente a criterio economicistas y sin tener en cuenta si en el entorno del centro educativo existe una importante presencia de personas y negocios que demandan esa lengua. Esta Junta de Personal considera fundamental que cualquier modificación que afecte al catálogo de plantillas debe regirse por criterios pedagógicos, atendiendo a la demanda poblacional y minimizando el impacto en las plantillas docentes, no en base a criterios estrictamente económicos.

 

Otro aspecto a destacar por la creciente importancia que tiene es el apoyo a alumnado migrante que en muchos casos no conocen siquiera el idioma y, en otros, lo conoce pero muestra una evidente falta de dominio del mismo. Cada vez es más frecuente que, a lo largo de curso, los centros educativos sufran un goteo de nuevas incorporaciones de alumnado migrante sin que ello vaya aparejado de un incremento de las plantillas docentes para atender a las necesidades específicas de divo alumnado. De esta manera, la plena integración social, académica y cultural de este alumnado en su nuevo entorno se convierte en una tarea imposible.

 

2. Objetivo estratégico.

 

Como ya se ha señalado, uno de los objetivos estratégicos fundamentales de la anterior legislatura fue la adecuada atención al alumnado que presenta Necesidades Específicas de Atención Educativa. En la consecución de ese objetivo se enmarca el acuerdo referido en el apartado anterior, sin embargo, la tarea no ha hecho más que empezar y, si de verdad se quiere confluir con la media del Estado, de los países del la UE y de la OCDE, es preciso seguir profundizando en las medidas que tienen que ver con una atención más personalizada y eficaz del alumnado, siendo una de las medidas más eficaces el incremento de la plantilla docente y la reducción de las ratios, tanto en términos de alumnado por docente como de alumnado por aula.

Los resultados arrojados por el último informe PISA, si bien no pueden tomarse como un dato empírico de la situación actual del sistema educativo en Canarias, vienen a corroborar que seguimos estando por debajo de la media del Estado y de los países de nuestro entorno, motivo por el cual es más importante que nunca que el actual se respeten las medidas contenidas en el citado acuerdo y se mejoren en un futuro inmediato.

 

3. Primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

 

El pasado curso se inició la generalización del primer ciclo de Educación Infantil con 600 plazas de 2 años en 34 centros públicos de toda Canarias, este año estaba previsto que se incorporaran 1200 nuevas plazas igualmente de 2 años mientras que el próximo curso se debe implantar el nivel de un año y el siguiente el de cero años.

 

Sin embargo, un amplio porcentaje de esas plazas no han empezado o lo han hecho en centros educativos y guarderías privadas mediante un concierto específico. Los motivos de esta situación aducidos por la Administración son de carácter técnico por no estar los centros debidamente acondicionados para recibir a este alumnado. El nuevo Consejero de Educación se ha comprometido a revocar estos conciertos a medida que se vayan acondicionado los centros públicos y se pueda ubicar a este alumnado en los centros donde estaba previsto que empezaran el curso. Otro de los compromisos del Consejero ha sido reubicar provisionalmente al profesorado afectado por este retraso. Sin embargo, no todo el alumnado que se había matriculado y debía empezar en septiembre lo ha podido hacer pues, ni con las plazas concertadas se ha alcanzado a cubrir toda la demanda.

 

A estas alturas, tan solo algunos de los centros que no pudieron empezar en septiembre lo han hecho, otros está previsto que empiecen en breve y el resto tendrá que esperar al curso que viene.

 

Sin entrar a valorar si es responsabilidad del Gobierno saliente o del entrante, esta Junta de Personal considera injustificable esta falta de previsión y diligencia. Lo fundamental es que se aprenda de los errores y se pongan las medidas necesarias para subsanar cuanto antes los inconvenientes que están sufriendo tanto los centros educativos como las familias y que se actúe con la anticipación necesaria para que, el próximo 1 de septiembre, los centros estén listos para acoger a todo el alumnado que corresponda.

 

4. Retraso en la resolución de los procedimientos en curso.

 

En estos momentos existen muchos procedimientos en curso que acumulan importantes retrasos. Es el caso de los procesos de estabilización del profesorado al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y del Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el RD 276/2007 de acceso a la función pública en los cuerpos docentes. Estas normas han dado lugar a dos procedimientos extraordinarios de estabilización, uno mediante el sistema de concurso de méritos y otro mediante el sistema de concurso oposición. Aunque el acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial establecía que ambos procesos se desarrollarían con posterioridad a los del resto de territorios del Estado, lo que provocó que Canarias se saliera de la coordinación con el resto de comunidades autónomas, ya debería haber finalizado la fase de baremación del sistema de concurso extraordinario de méritos. Sin embargo, en el momento de aprobar esta valoración, todavía no se han publicado los listados provisionales. Si atendemos al tiempo tardado entre los listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos (4 meses), todo hace pensar que este procedimiento todavía tardará mucho en finalizar. Sin duda, la gran cantidad de personas inscritas es un verdadero problema pero no puede servir de excusa para este retraso tan desproporcionado, la Administración debe proveerse del personal necesario para agilizar la tramitación de manera urgente.

 

Otro de los procedimientos que sufre un retraso absolutamente injustificable es el de acceso a Cátedra. Tras más de 20 años desde la última vez que tuvo lugar una convocatoria al cuerpo de Catedráticos y Catedráticas, este proceso, convocado el pasado mes de marzo, debía haber concluido a tiempo de que las personas seleccionadas pudieran haber tomado posesión de su nuevo puesto el uno de septiembre. Sin embargo, de momento no ha finalizado el procedimiento que acumula más de 5 meses de retraso provocando que las personas que resulten seleccionadas pierdan derechos administrativos y retributivos.

 

Del mismo modo, cada año se produce un retraso en el abono de los sexenios reconocidos a lo largo del año natural anterior. Esta circunstancia genera una enorme preocupación porque a los docentes afectados no se les informa de la situación en que se encuentran sus solicitudes y no saben si se trata de un retraso o que su solicitud adolece de algún defecto por lo que, en muchos casos, se ven obligados a presentar reclamaciones y recursos que tampoco son respondidos.

 

Esta Junta de Personal considera indispensable que se dote a la unidad de Retribuciones y Nóminas del personal necesario para que se agilice la tramitación del reconocimiento de los nuevos complementos.

 

5. Burocracia.

 

La sobrecarga, debida principalmente a tareas burocráticas, que sufre el profesorado sigue siendo uno de los problemas más acuciantes tal como recoge un informe del propio Consejo Escolar de Canarias pero, lejos de resolverse, cada vez se agrava más. Claro ejemplo de ello ha sido la orden dada el pasado curso a los tutores de los ciclos formativos de la formación profesional para que supervisaran las becas del alumnado, una labor que implicaba entrar en el aplicativo usando la clave personal del propio alumno que en la mayoría de los casos es menor de edad, lo que es una evidente vulneración de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o la reciente pretensión de la Viceconsejería de Formación Profesional de que también sean los tutores de la Formación en Centros de Trabajo o de los ciclos formativos de la FP-Dual quienes se encarguen de gestionar las altas y bajas del alumnado en la Seguridad Social, una tarea puramente administrativa, enmarcada exclusivamente en la gestión de personal y que no guarda relación alguna con las competencias docentes. Estas actuaciones, adoptadas sin rigor reglamentario ni respaldo legal alguno, suponen una violación clara de los derechos del profesorado que se ve sometido a la realización de unas tareas que no se corresponden con su categoría profesional.

 

Esta Junta de Personal insta al Sr. Consejero a dar una respuesta urgente a la creciente burocratización que, de forma absolutamente injustificada, sufren los centros educativos y los docentes canarios.

 

6. Uso de móviles en los centros educativos.

 

En la sociedad del siglo XXI que nos ha tocado vivir, no cabe duda de que las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales. Sin embargo, como todo lo novedoso, existen lagunas respecto a los pro y los contra de estos dispositivos que aún no han sido suficientemente exploradas y comprobadas. Es por ello que tanto colectivos de madres y padres, como profesionales de la docencia, la pediatría y la sociología, consideran que debe abrirse un debate sin prejuicios acerca de las ventajas e inconvenientes que presenta el uso de los móviles y otros dispositivos electrónicos similares como recursos educativo.

 

En este sentido, el Consejo Escolar de Canarias ya ha encargado un informe previo a expertos en la materia con la finalidad de que sirva de base para un debate sobre el asunto en el seno de dicho órgano.

 

Esta Junta de Personal estima que sería bueno que el debate se extienda a toda la comunidad escolar dentro y fuera de los centros educativos a fin de que podamos tener una visión lo más amplia, globalizada e independiente posible del asunto y que, en base a ella, se puedan consensuar reglas más o menos compartidas que, sin soslayar la autonomía de los centro educativos, supongan una pauta común que permita conciliar los beneficios que pueda tener el uso pedagógico de dichos dispositivos con un uso responsable y saludable de las TIC.

 

7. Presupuesto educativo.

 

En el año 2023 la Ley de Presupuestos contempló un incremento de 175,5 millones de euros respecto al ejercicio anterior, el mayor en casi una década, situando el presupuesto educativo en un 4,63% del PIB. Aunque todavía seguía por debajo del 5% establecido en la Ley Canaria de Educación, por lo que era de esperar que el presupuesto educativo para 2024 superara al de 2023, alcanzando, por fin, ese 5%.

 

Sin embargo, la Ley de Presupuestos para 2024 ha revertido la tendencia de los dos ejercicios anteriores devolviendo a Educación a niveles previos a la anterior legislatura. En definitiva, parece que ni a CC ni al PP les importa invertir en la Educación del alumnado canario y prefieren seguir incumpliendo la Ley Canaria de Educación.

 

El crecimiento del presupuesto educativo es una condición básica para implementar programas y medidas educativas que garanticen una igualdad de oportunidades a la infancia y la juventud de nuestras islas. Por ello, la tendencia debe ir encaminada a mejorar para alcanzar la meta establecida en la legislación vigente.