Deseos y realidades en Canarias

¡Feliz año nuevo! Estamos en el ecuador de las fiestas navideñas y tanto el cuerpo como el ánimo empiezan a resentirse del continuo buen rollo familiar y social, de las excesivas comilonas y bebercios, de las loterías y de la extenuante caza y captura de regalos, que son las prácticas programadas para la ocasión.

 

Y en ello andamos, cuando la prensa local, no sabe uno si para rellenar huecos, recoge la noticiade un estudio realizado para el anterior Gobierno autonómico, en el cual, con datos elaborados por multitud de informes de entidades públicas y privadas, se concluye que entre los años 2000 y 2019 la economía sumergida en las Islas, anualmente, suponía el equivalente al 28% del PIB de la Comunidad Autónoma, de media, 13.700 millones de euros, que es más del coste previsto para el sostenimiento de la Comunidad Autónoma en inversiones y gasto corriente para este año.

 

Si, la economía sumergida: el conjunto de actividades productivas -en principio legales- que se ocultan a la Administración pública para evitar el pago de impuestos o de las cotizaciones a la Seguridad Social; el cumplimiento de la legislación laboral; y los procedimientos administrativos.

 

Pues, resulta que en todas esas prácticas, Canarias se encuentra -no se lo van a creer- por encima de la media de España y, en la mayoría de ellas, es la comunidad autónoma donde mayores trampas se hacen.

 

Entre las posibles causas que se dan para la existencia de esta gran bolsa de fraude están una gestión regional deficiente de la fiscalidad y que haya más sectores de actividad proclives a ello.

 

Y entre las razones para su pervivencia están una tasa de paro elevada, PIB per cápita reducido, presión fiscal más reducida, elevada tasa de riesgo de pobreza y mayor peso del sector primario, construcción y hostelería.

 

Los cálculos en este aspecto indican que en la hostelería, con un 32%, se dan los mayores niveles de economía irregular, seguido de la agricultura, con un 28%, del resto de los servicios, con un 26%, de la construcción, con un porcentaje similar y de las empleadas de hogar, con un 21%.

 

Con las lógicas reservas por la naturaleza oculta de estas actividades, su impacto sobre el empleo, calculando la diferencia entre las afiliaciones a la Seguridad Social y el número total de ocupados según la Encuesta de Población Activa de la comunidad autónoma, sería que en 2019 había casi 97 000 empleos no declarados y en 2022 ¡cerca de 183 000!

 

La enorme magnitud y la larga pervivencia de estas prácticas delictivas en el ámbito de la economía legal dejan en evidencia la falta de responsabilidad en hacer cumplir la ley, normalizada del sector administrativo canario y la nula ética profesional de una parte notable del empresariado del archipiélago.

 

Y desde el punto de vista social lo que pone de manifiesto es que nuestra comunidad -esa que se promociona en “hacer las cosas bien”- está fracturada, en una proporción alarmante, por múltiples ruines que, impunemente, abusan de un gran número de desdichados.

 

Esto sí que es un golpe de realidad y para todo el año, no como las fiestas. Y un propósito de enmienda que nos concierne a toda la población de Canarias.