Dinero público, propiedad privada

Si bien es cierto que constitucionalmente el Estado español es aconfesional (‘No pertenece a una confesión religiosa o la defiende’), tampoco puede negarse la especial disposición de algunas instituciones públicas a prodigar sus aportaciones económicas para embellecimientos, reparaciones o ampliaciones de edificios propiedad de la Iglesia católica.

Surge, entonces, un aparente antagonismo. Por una parte, nuestra Constitución (1978) es contundente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Por otra, en el mismo apartado flexibiliza la rigurosidad y, así, “los poderes públicos […] mantendrán relaciones con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (16.3.). Por tanto, se abren caminos para mantener una relación económica casi exclusivamente con ella. ¿Cómo? Pues, si no a través de transferencias, sí como ayuda para el mantenimiento de edificaciones para el culto... o uso privado. Lo veremos más abajo con varios ejemplos (Orihuela, Salamanca, La Laguna).

Por contra, la Constitución de la II República (1931) lo tuvo muy claro: no hay distinción alguna entre las distintas variantes. Así, “El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas” (artículo 26).

La conclusión, pues, es clara: cuarenta y siete años antes de la actual, la Constitución republicana prohíbe a las instituciones públicas las aportaciones económicas para cualquier entidad religiosa sin distinción de apellido. Por contra, la de 1978 (urge su puesta al día, dicho sea de paso) abre una vía de colaboración monetaria preferente, oportunidad no desaprovechada.

Así, por ejemplo, la Generalitat Valenciana invirtió 776 118,11 euros en la rehabilitación (tercera fase) del palacio episcopal de Orihuela, pueblo de Miguel Hernández. (Palacio episcopal, por cierto, residencia privada del obispo el año 2014 cuando visité la ciudad a la búsqueda de algunos documentos en la Fundación Miguel Hernández.)

Sucedió también en Salamanca. Nueve años atrás se reabrió el Museo Catedralicio tras la reparación por desprendimientos en una sala capitular. El Cabildo Catedralicio solicitó la ayuda oficial: la Junta de Castilla y León corrió con los gastos (400 000 euros). Y se comprometió con la restauración de obras pictóricas, 100 000 euros. (Por cierto: cobraban la entrada... por más que los grandes gastos corrieron por cuenta de nuestros impuestos.) Y la iglesia de las Úrsulas, también en Salamanca, practicaba tales contagiosas actividades. (¿Controla Hacienda la venta de entradas a tales instituciones privadas?) Y en Madrid (2023) el Ayuntamiento le regala a la Iglesia católica una parcela (4 600 000 euros) en la cual el alcalde había prometido la construcción de un centro cultural (elplural.com).

Los paseos matutinos por la tinerfeña La Laguna, estimado lector, traen a la memoria tiempos pasados. Sorprendían sus inmensos caserones y palacetes así como los trazados callejeros, modelos exportados a ciudades americanas. Y rehaciendo caminos al andar por sus calles va uno recordando monumentos, iglesias, ermitas… beneficiados, precisamente, por aportaciones públicas gracias a esa vía de escape que ofrece la redacción del constitucional artículo 16.3.

Así, la dadivosidad de algunas instituciones tinerfeñas llevó a la reapertura de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores (febrero/2023). Las obras representaron para las arcas cabildicias algo más de 450 000 euros frente a los 116 000 aportados por el obispado (diariodetenerife.info). La propiedad beneficiada pertenecía -y sigue perteneciendo- a la Iglesia. Es decir, el Cabildo tinerfeño usó -sin irregularidad alguna, por supuesto- dinero de los contribuyentes a fondo perdido.

Fue en 2014 cuando La Laguna recuperó su catedral tras doce años de obras. El Ministerio de Cultura (PP) mostró esplendidez con nuestros impuestos: aportó 8 300 000 euros “en un momento de particular dificultad económica”, lo cual significó la protesta de partidos políticos, sindicatos y asociaciones educativas. No obstante, el ministro asistente “ha dado por bien empleada toda la inversión” (canariasahora).

En la calle San Agustín está el Palacio Salazar (siglo XVII), residencia episcopal desde finales del XIX. Muy afectado tras un incendio (2006) que destruyó una buena parte de su estructura, se llevó a cabo la reconstrucción y reinauguración tres años después. El cuarenta por ciento del importe de las obras fue sufragado por distintas administraciones (europapress.es).

En esta misma calle estuvo la iglesia de San Agustín, devorada por otro incendio en 1964. Formaba parte del antiguo convento (siglo XVI) donde se instaló la Universidad de San Fernando, posteriormente (1846) Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias. Como excepción, y sin que sirva de precedente, el Cabildo tinerfeño consolida las ruinas para utilizar el espacio como escenario cultural al aire libre según cadenaser.com. (Una curiosidad: ¿cómo llegó el solar a sus manos? ¿Cesión? ¿Compra?)

En definitiva: el dinero público no puede ser invertido tan dadivosamente en construcciones privadas. (Por cierto: el arzobispo de Granada se gastó años atrás veinte mil euros en viajes según público.es; andaluces.es).