Todo este asunto tiene su origen en Guía de Gran Canaria, concretamente a partir del año 2017 con la creación de la “Plataforma Salvar los Salesianos”, a quien nunca antes se le conoció actividad ni preocupación social alguna. En realidad todo lo que rodea a este asunto es bastante extraño a poco que indaguemos en este proyecto que, evidente va más allá de la recuperación de un antiguo colegio y su reconversión en centro sociosanitario. Y es que tres años de negociaciones con el Obispado para un anuncio que muchos titularon de “cesión gratuita del edificio”, me parece mucho negociar…

Se intentó vincular la recuperación de un edificio privado en franco deterioro -abandonado por su propietario- a la creación de una residencia para mayores con la “cesión temporal” del citado edificio (50 años) por parte del Obispado, cuando paralelamente ya se estaba proyectando la ampliación de la RESIDENCIA PÚBLICA TARAZONA, en el mismo término municipal y con capacidad para 94 plazas, más otras 30 del Centro de Día (lo que hacen un total de 124 plazas), por un importe inferior al proyectado para la rehabilitación del Colegio de Los Salesianos. Es decir, que sale más barato la construcción de una residencia pública NUEVA, que la rehabilitación de una privada y VIEJA, que además habrá que devolver a su propietario pasado un tiempo.

Para la consecución de este fin se puso en marcha una recogida de firmas, muchos de los cuales (los firmantes) ya confiesan abiertamente sentirse engañados por la Plataforma, con una intensa campaña mediática que pocos partidos políticos podrían permitirse. Las publicaciones frecuentes en medios escritos a doble página así lo atestiguan. También la masiva presencia en radios y televisiones de ámbito local y regional, además de cartelería de todo tipo, a la que parece ser todos se ofrecieron de manera “altruista”.

Con el favor de las instituciones gobernantes y el silencio de la oposición política, parecía que el camino para la consecución de los fines previstos estaba despejado. Sin embargo el mayor obstáculo surgió en el propio Obispado, el que supuestamente iba a ser el principal beneficiario de la operación, que parece ser ambicionaba mucho más de lo que se le estaba ofreciendo el Cabildo y el Ayuntamiento de Guía, que ya habían hecho suya la petición de la citada Plataforma.

Finalmente en septiembre de 2020 se firmó con El Obispado la cesión -que NO DONACIÓN- del edificio por cincuenta años, por el que el Cabildo se comprometía a invertir OCHO MILLONES de euros, al menos inicialmente, puesto que a un edificio de 83 años de antigüedad es más que probable que muestre vicios ocultos por el inevitable paso del tiempo, que a la finalización de este periodo tendría nada menos que 133 años. Supongo que los profesionales vinculados al sector inmobiliario y de la construcción ya se estarán echando las manos a la cabeza por la inversión pretendida en el vetusto edificio privado, que con los presupuestos actuales en la mano es evidente que sale más caro que uno nuevo de propiedad pública.

Es incomprensible que la Administración realice esta desorbitada inversión en un edificio privado que tendrá que devolver en perfecto estado -el que ahora no tiene- pasados 50 años. No sale a cuenta ni en el hipotético caso de que el Obispado hubiese donado el edificio, que no es el caso.

Por lo pronto el Cabildo ya ha invertido en “la cosa” casi un millón de Euros, entre el Informe Técnico del Estado de Conservación del Edificio, el Proyecto de Rehabilitación propiamente dicho y la reforma de la casa Doña Eusebia de Armas, que parece ser también va incluida en el lote (de incierto destino y también propiedad del Obispado). Esta citada rehabilitación ascendió a 600.000€, aunque inicialmente fue presupuestada en 300.000€.

Hacerse preguntas cuando algo huele a podrido es inevitable:

1º ¿Este es el mejor modelo asistencial para nuestros mayores? Creo sinceramente que NO, pero no voy a entrar ahora en un asunto al que ya me he referido en otras ocasiones, especialmente en el artículo titulado “Salvar los Salesianos o botar el dinero público”.

2º ¿Realmente hacen falta tantas plazas residenciales para mayores? Si tenemos en cuenta que en el propio municipio, concretamente en La Atalaya, existe una residencia nueva, recientemente inaugurada y otra remozada, con un total de 94 plazas, no parece que haya esa necesidad, especialmente si tenemos en cuenta que este modelo de residencias es un modelo ya caduco y puesto en cuestión por múltiples especialistas, máxime cuando se está convirtiendo en negocio lo que debe ser UN SERVICIO PÚBLICO.

3º ¿No tendría El Obispado que haber hecho una DONACIÓN de la propiedad del edificio al Cabildo de Gran Canaria antes de que éste invirtiese un sólo euro en él?

Ya sabemos que el Obispado no da ni los buenos días. La Santa Madre Iglesia siempre mostrando una mano abierta para recibir y extendido el dedo corazón de la otra para donar. No lo digo yo, lo atestiguan los hechos y la historia...

Los servicios públicos a los mayores se han convertido en un suculento negocio para los grandes poderes económicos que se ocultan tras plataformas y empresas del más variado pelaje. Poderes a los que no paran de hacer guiños nuestros gobernantes.

Por eso quiero gritar :

¡NO A LA LA INVERSIÓN DE DINERO PÚBLICO EN EDIFICIOS PRIVADOS PARA RESIDENCIAS PRIVADAS!

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS RESIDENCIAS!

¡NO AL NEGOCIO DE UNOS POCOS A COSTA DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS MAYORES!