Canarias necesitaría inyectar 250 millones a sus próximos presupuestos para acelerar la calidad de la enseñanza y cumplir con la Ley Canaria de Educación en unos nuevos plazos. La norma detalla que debía dedicarse el 5% del PIB a Educación en el año 2022, pero la pandemia y la herencia de mandatos en los que no se apostó por ir creciendo en este sentido hacen que a día de hoy se destine aún el 4,47% del PIB a esta área. Es lo que hay que hacer y se tiene que hacer.





























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