A saber: Licitar y subasta pública, tienen significado parecido, pero, no, igual; me explico: Licitar, se corresponde exactamente con concurso público; en cambio subasta pública, “suele referirse” a un proceso de adjudicación de bienes incautados judicialmente, al que, o la que, proponga la oferta más ventajosa; pero que, por el hecho de que el uso de licitar, se halle registrado, en la vigesimotercera edición del diccionario académico, con el significado de sacar a subasta o concurso público; además de por la relación de semejanza entre ambas, y, asimismo, por el hecho de hacer uso, de un lenguaje claro y sencillo; es decir, de un lenguaje accesible a la mayoría de las personas, a la acción de Licitar, podríamos denominarla, como hasta no hace mucho tiempo, sacar a subasta pública; porque, como dije anteriormente, por una parte, se recoge en el diccionario académico, arriba mencionado; y, por otra, porque, formalmente, la diferencia que pudiera existir, entre ambas, sería, para mí, poco menos que insignificante, ya que, cuando se saca a subasta alguna obra, el contrato se adjudica, en ambos casos, normalmente, al participante con la mejor oferta económica, y con la valoración, al propio tiempo, de otras características, tales como, la calidad del servicio y las garantías que ofrezca la empresa licitante. Por ello, no estaríamos muy mal encaminados, cuando nos dirigimos al ciudadano para transmitirle, por ejemplo, que, “la remodelación de la plaza de tal o cual barrio”, ya se ha sacado a subasta (pública), en vez, de que, ya está Licitada; y es que a mí, personalmente, me embarga la sospecha, de que la reiteración en el uso, de la expresión, licitar, está detrás de la apariencia o intención de una acción de marketing político y comunicación; o sea que, el trato diferencial que se le rinde a este término, posiblemente tenga mucho que ver, con la rentabilidad de esta práctica política; y es que, además el político, cuando lo transmite al ciudadano, lo hace, haciendo gala, de una convicción, que da idea, así me lo parece, de que la obra está hecha, o que la podemos dar por hecha; nada más lejos de la realidad, en tanto que, una licitación pública, conlleva un largo procedimiento regulado, en el que cabría incluso la posibilidad de que quedara desierta; con lo que se cancelaría el proceso de contratación, y por consiguiente el archivo del correspondiente expediente; cuya declaratoria de desierto, no dará lugar a ningún tipo de reparación; situación ésta, que obligaría al Ayuntamiento u otro organismo competente, a volver al punto de partida, para sacar a subasta, de nuevo, la obra, que ha quedado desierta; o sea que, «Habría que iniciar, desde el principio, todo el procedimiento»; por tanto, (licitar), es una cosa, y (acabar la obra), es otra cosa; una muestra de ese botón, la tenemos con la obra de una carretera de un barrio de nuestro municipio, que parecía interminable, de la que yo perdí, hasta la cuenta de los años que tardaron en acabarla; y es que incluso, parece ser, que, ha tenido más de un adjudicatario.

Para darle mayor realce a lo que he dicho, incluso podríamos extendernos al resto del archipiélago, y resulta que, según un periódico con sede en esta isla; Canarias, es la comunidad autónoma de España, en que más licitaciones públicas, quedaron desiertas en el primer trimestre de este año, debido a la incapacidad de las empresas para asumir el coste de las obras.

Según información recabada por el aludido periódico, la Patronal de la Construcción, reclama modificar la ley de contratos del sector público y aplicar un sistema para equilibrar los precios de los contratos; y es que por lo visto, se licitan contratos, que finalmente quedan desiertos, por no reflejar la realidad del mercado; no cabe la menor duda de que, la falta de adecuación de precios, amenaza la ejecución de obras fundamentales y que podrían disparar las disoluciones y los concursos de acreedores.

Y, como no podía ser de otra manera, también habría de concienciarse de que, los sobrecostes y las fluctuaciones en los precios que soportan las constructoras, podrían llegar a paralizar el sector; lo que, sin duda alguna, terminaría frenando el crecimiento económico y la creación de empleo, puesto que, la construcción, suele canalizar, en torno a 7 de cada 10 € de los fondos europeos.

Al propio tiempo, Las constructoras, según el periódico aludido, dan idea de que, muchos ayuntamientos, diputaciones o cabildos "han hecho dejación", a la hora de aplicar el real decreto 03/2022, puesto que, no han actualizado los precios y abusado del silencio administrativo.

También hace hincapié, la Patronal, en el hecho, de que, los gobiernos autonómicos y municipales, se obligan a saber, que aplicar la revisión de precios, es imprescindible para ejecutar los fondos europeos, y evitar, por otra parte, la parálisis de un sector determinante para la economía, el empleo y el bienestar de los ciudadanos.