Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia pionera en España que reconoce el “derecho fundamental” de una embarazada a elegir entre parto natural o cesárea y condena a la sanidad canaria a indemnizar a una madre con un millón de euros por prolongar un parto gemelar durante 17 horas, al considerarlo un acto de “violencia obstétrica”. Y es que la qe decide es la mujer, que cuesta mucho aceptarlo.
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