Por el derecho a una vivienda digna

Si uno revisa los estudios de opinión pública más recientes, constatará que una de las mayores preocupaciones de los españoles es el acceso a la vivienda. Las dificultades a la hora de encontrar alquileres asequibles perjudican al conjunto de la sociedad y, en especial, a los más jóvenes. Según los datos del Eurostat de 2021, la edad media a la que los jóvenes -que ya no lo son tanto- de nuestro país logran independizarse roza los 30 años.
 

Frente a este contexto de frustración a la hora de emanciparse, es necesario que desde las administraciones públicas llevemos a cabo políticas para garantizar el acceso a la vivienda de las futuras generaciones.
 

Esta nueva norma ampliará la definición de “grandes tenedores”, ya que solo hacía mención a personas jurídicas y que, a partir de ahora, también podrá incluir a las personas físicas que dispongan de más de cinco viviendas en una misma zona tensionada. Uno de los principales cometidos de esta reforma es la búsqueda de un justo equilibrio entre el negocio inmobiliario y el derecho a una vivienda digna. Asimismo, hemos llevado a cabo la posibilidad de la declaración de zonas residenciales como tensionadas, un mecanismo que permitirá contener los precios del alquiler para garantizar alquileres dignos a la ciudadanía.
 

Otra de las principales fortalezas de esta regulación es el establecimiento de una relación de igualdad entre arrendador y arrendatario. Los gastos relacionados con la gestión inmobiliaria, como los honorarios de las agencias, tendrán que ser abonados por la parte arrendadora. El pago de estos honorarios resultaba abusivo para el arrendatario, pues es el interesado en alquilar el que contrata los servicios de las agencias inmobiliarias.
 

La ley mejora la regulación de los desahucios y lanzamientos que afecten a personas en situaciones de vulnerabilidad, incentiva la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, establece mecanismos de contención y bajada de precios del alquiler en zonas tensionadas y estimula el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles. Es, además, totalmente respetuosa con las competencias autonómicas en materia de vivienda.
 

Mientras algunos pretenden únicamente alimentar la burbuja inmobiliaria, los socialistas apostamos, sin titubeos, por una Ley de Vivienda histórica. La propuesta esgrimida por Núñez Feijóo el pasado martes para otorgar cheques de 1.000 euros a los jóvenes resulta tremendamente inoperante, y sorprende su repentina voluntad de alcanzar un pacto de Estado con respecto a una materia en la que el Partido Popular nunca ha propuesto soluciones, sino más bien problemas. No hay que sumergirse demasiado en la hemeroteca para descubrir los entresijos de Génova en la venta de miles de pisos, destinados a la vivienda pública y que acabaron en las manos de fondos buitres en la Comunidad de Madrid.
 

La aprobación del proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda supone un hito histórico para la sociedad española. Esta ley integral de vivienda refuerza el quinto pilar del Estado del bienestar, garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos, ejercida en condiciones asequibles. Desde el Partido Socialista creemos que esta nueva norma supone un paso más hacia una sociedad más justa e igualitaria, en la que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para vivir con dignidad.
 

Ramón Morales, senador del PSOE por la isla de Gran Canaria