La política puesta de perfil

Décadas después de haberse reinstaurado el sistema democrático en nuestro estado la cosa pública no va bien. Entre otras constataciones, así lo acreditan la reiterada baja valoración política de las y los gobernantes en las encuestas y los habituales altos niveles de abstención en las sucesivas elecciones. Y todo ello concierne a la calidad de nuestra democracia.
 

Desde luego, ese enorme descrédito de la mal llamada clase política y la gran desafección hacia el sistema de gobernanza actual tiene múltiples causas. Pero, entre las principales, están las que tienen que ver con las actitudes que se mantienen en el ejercicio del poder y con las prácticas de gobierno que han terminado por normalizar.
 

La Constitución vigente tiene reconocidos como derechos fundamentales de la ciudadanía el participar en los asuntos públicos, siendo libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, directamente o por medio de representantes, y el acceder a las funciones y cargos públicos, en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes. Con ello, el acceso al servicio público y a la función pública están previstos desde criterios democráticos y de mérito ¿Qué es lo que ha fallado entonces?
 

En esta grave problemática, que no es exclusiva de nuestro país sino de la generalidad de las naciones occidentales, tienen mucha responsabilidad la concepción instrumental de la democracia, que se ha vuelto hegemónica a ambos lados del Atlántico y que ha terminado por transmutar los órdenes democráticos en “partitocracias”, cuya expresión más característica es el bipartidismo.
 

Con este sistema se ha normalizado que la gran diferencia en la práctica del poder entre las dictaduras y las democracias sea que no manda siempre un partido único, sino, dos. Aun así, los partidos políticos son organizaciones con altas funciones a cumplir, pues “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”.
 

Por tanto, ni por sí mismos, ni todos ellos están comprometidos esa indeseable deriva. Pero sí las organizaciones políticas que, por concitar el mayor interés de las élites de poder -que siempre procuran que “todo cambie para que nada cambie” y así mantener su estatus quo- han sido claramente favorecidas en recursos, militancia e influencia hasta, reduciendo la pluralidad ideológica al conservadurismo y el progresismo moderados, ser capaces de asegurarse las mayorías electorales y los gobiernos.
 

Alternándose en los ejecutivos con mayorías absolutas durante largos periodos, estas macro organizaciones han ido y pactando todo tipo de políticas, incluyendo los cupos para obtener representación en las Administraciones, las leyes sobre la elaboración de las listas electorales y los reglamentos para la adjudicación de los escaños hasta vaciar el contenido social y democrático del articulado constitucional y pervertir el principio de “una persona un voto”.
 

Aun así, en nuestro país, tras la sucesión de múltiples escándalos de corrupción vinculados al tándem Socialista-Popular, con el fin de sus mayorías absolutas en las últimas comparecencias electorales se ha ido poniendo coto a ese estado de cosas. No obstante, la cultura partitocrática ya estaba fuertemente enraizada: la política ya se vivía como si fuera una profesión en la que es las directivas de los partidos quienes aseguran la continuidad en el empleo a través del acceso a los puestos de salida en las listas y la promoción a cargos políticos más relevantes y al sector parapúblico. Y, por tanto, es a ellas a quien hay que rendir cuentas.
 

Por ello, aunque en los últimos años se ha consolidado la necesidad de coaligarse entre varios partidos como modo de acceder a la gobernanza de las administraciones públicas, se siguen renovando los gobiernos sin hacerse diagnósticos exhaustivos del estado de la administración a la que se entra a gobernar, ni se establecen compromisos concretos de gobierno, ni se producen rendimientos de cuentas constatados de lo hecho. A despecho de los valores constitucionales, de los programas electorales y de la ciudadanía soberana continuamos con la política que, por cobardía, ignorancia o cosas peores, se pone de perfil ante los auténticos problemas y anhelos de nuestro tiempo. Y así nos va...